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Campaña: Yo decido segunda parte

 

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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que: “…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Es decir, a pesar de las diferencias y desigualdades que existen entre las personas, esta declaración, reconocida por la inmensa mayoría de los regímenes políticos existentes en el planeta, prescribe que debemos ser tratados como iguales, con los mismos derechos. La igualdad de derechos es el resultado de la eliminación de cualquier tipo de discriminación o selectividad excluyente; las diferencias no deben ser motivo de exclusión, sino por el contrario deben resultar relevantes para evitarla.

Llevada a sus últimas consecuencias, la discriminación o exclusión, es la negación de la condición de humanidad para un cierto grupo humano por causa de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, preferencias sexuales, afiliación política o adscripción religiosa.

Por lo tanto, hacer efectiva la igualdad de goce de los derechos considerados fundamentales, como aquellos asociados a la dignidad humana, depende de la supresión o reducción de las convenciones sociales, prácticas políticas, disposiciones jurídicas o expresiones culturales que derivan en diferencias de estatus.

Para las fuerzas políticas de izquierda, la supresión de cualquier forma de exclusión se sitúa en el centro de su agenda de lucha, mientras que las fuerzas políticas de derecha hacen el mejor de sus esfuerzos por crear y mantener todo tipo de barreras excluyentes justificando las injusticias como parte de un orden pre-establecido y las inequidades como parte de un proceso selectivo natural.

Afortunadamente, la lucha política de la izquierda ha logrado algunos avances, y en la actualidad, se han desarrollado una serie de preceptos e ideas jurídicas que sin importar la filiación política de las fuerzas partidistas que lleguen al poder, las instituciones y los individuos que ejercen responsabilidades públicas deben respetar; entre ellas se encuentran la observación de los derechos humanos y los límites establecidos al poder público, incluidos, los Poderes Legislativo y Ejecutivo elegidos democráticamente, al momento de ejercer sus atribuciones de ley.

Los razonamientos expuestos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parten de la premisa según la cual el libre derecho del desarrollo de la personalidad (inherente a la dignidad humana) otorga la posibilidad a cada individuo de determinar por sí mismo su proyecto de vida, sin que, el Estado pueda interferir; excepto para salvaguardar derechos similares en favor de las demás personas. Dicho de otra forma, no puede ni debe hacerse uso de la fuerza del Estado para coartar el principio de autonomía de la persona, la cual tiene el derecho inalienable de elegir libre e individualmente sus planes de vida. Le intervención del Estado en esta esfera debe limitarse al diseño de aquellas instituciones que faciliten la persecución individual de dichos planes de vida y a la satisfacción de los ideales de virtud de lo que cada uno elija perseguir.

El orden jurídico mexicano se beneficiado de la evolución del orden jurídico internacional que ha ido más allá de las concepciones conservadoras de las instituciones sociales y han generado un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable; familia que es la base de la organización social y a su vez se fundamenta en vínculos afectivos vitales de solidaridad, intra e intergeneracional, y de cohesión.

Así, la orientación sexual de una persona no establece condición alguna, que en sí misma pueda limitar el acceso a la posibilidad de generar una familia mediante el matrimonio al tratarse de una cuestión ajena a la posibilidad de que dos personas hagan vida en común. A lo cual se suma la disposición constitucional expresa, según la cual, la orientación sexual de las personas no es, ni puede ser, una razón que por sí sola permita excluir a los individuos para acceder a un reconocimiento y protección estatal de las relaciones estables de pareja. Por lo que, la limitación de acceso de cualquier índole a la institución del matrimonio solamente a parejas heterosexuales, genera una exclusión de las parejas homosexuales en función específicamente, de su orientación sexual, lo que constituye una discriminación basada en una animosidad respecto de un grupo definido.

Conducta que no tiene cabida en nuestro orden jurídico o político vigentes.

A la luz de toda esta discusión animada por el fallo de la SCJN, en el Partido de la Revolución Democrática nos preguntamos: Además del Código Civil de Jalisco ¿qué otras costumbres, leyes, decisiones políticas, determinaciones económicas, prácticas empresariales… constituyen actos de exclusión? Y sin que la respuesta a esta interrogante constituya una sorpresa, en términos generales nos encontramos con una lista abrumadora de hechos y prácticas que generan diferencias de status y constituyen actos de inequidad e injusticia.

Frente a todo aquello que niega, en esencia, la dignidad humana y atenta de manera directa contra el derecho al libre desarrollo de las personas en igualdad de condiciones (sin que prevalezca tipo alguno de exclusión) en el PRD promovemos el fortalecimiento de la capacidad inherente a las personas de autodeterminación a través de una sentencia afirmativa muy simple: Yo decido.

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