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Día de la Participación Ciudadana

Día de participación

En el año 2012 Jalisco se convirtió en el primer Estado de la República mexicana en instituir el #DíaDeLaParticipaciónCiudadana

“Por una sociedad de diálogo, razón y virtud”

El PRD Jalisco tiene una premisa fundamental, y ésta es que sólo podemos ser solidarios y capaces de la participación social, si somos iguales en la ley y plenamente libres, es decir, si se crean las condiciones para que realmente podamos contar con las capacidades y posibilidades suficientes para desarrollar nuestro proyecto de vida en comunidad y con dignidad humana.

Toda democracia se debe basar en garantizar la dignidad humana, en un plano de igualdad y que se den las circunstancias para que la población pueda, de manera informada y crítica, deliberar para construir y consolidar nuestra democracia constitucional.

Es por eso que en el PRD propusimos y logramos que se aprobara que se reconozca en la Constitución Política del Estado, el derecho humano al mínimo vital como eje rector de la planeación democrática. Somos el primer estado a nivel nacional en incluir este derecho, consideramos que en la medida en que toda persona tenga garantizando una canasta básica de derechos humanos, entonces podrán disminuirse las desigualdades sociales que impiden a la población participar activamente y ser gestores del bien común, atendiendo a una planeación democrática para el desarrollo.

También hemos propuesto que la gestión pública de calidad sea un derecho humano, para que la población pueda activamente participar en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas, pues así como hoy reconocemos la participación social a través del voto, también la democracia se desarrolla a través de la participación proactiva y en el diálogo, reiterando que la única democracia legítima, es una inteligente y coherente, porque cuando el gobierno no corresponde con la razón y la integridad, sólo existe absolutismo y la demagogia.

Es por ello que en este día se debe celebrar también el poder que tiene la población para romper paradigmas, sobre todo el mito de la delimitación entre lo público y lo privado para poder hacer frente a una cultura que hable más de deberes de la persona en comunidad, de corresponsabilidad para lograr una cultura de paz y probidad, pues en tanto no se logre unir los principios democráticos con el deber que nos corresponde con los demás, de poco servirá el gobierno de los muchos, si con la mayoría se atropellan los derechos de los menos.

Para concluir, como fracción quisiéramos invitar a todos a una osadía, a superar las barreras de la ciudadanía y reconocernos en los demás, pasar a una sociedad de isegoría, de diálogos y comprensión entre iguales, con la única diferenciación que señaló en su momento nuestro padre fundador José María Morelos y Pavón, “entre el vicio y la virtud.”

Diputada Mónica Almeida 

Coordinadora de la Fracción del PRD en el Congreso Local de Jalisco

a 30 de Agosto de 2016

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PRD por fortalecer independencia de ASEJ

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PRD por fortalecer independencia de ASEJ

Redacción/Guadalajara

La fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en el Congreso
de Jalisco presentó una iniciativa
de reforma los artículos 35 y 35
Bis de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, con la finalidad
de reforzar la autonomía de la
Auditoría Superior del Estado
de Jalisco (ASEJ) y armonizar la
legislación local con el Sistema
Nacional Anticorrupción y el
Sistema Nacional de Fiscalización.
La propuesta perredista pretende
hacer de la ASEJ un ente
dinámico que no solo se sujete
a auditorías anuales y programadas,
sino permitir auditorías
extraordinarias incluso derivadas
de denuncias provenientes de la
sociedad.
“Esta reforma constitucional
integra las recomendaciones
de organismos internacionales
como la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, y de la Organización
de las Naciones Unidas; también
considera la opinión de expertos
de la UNAM, del Instituto Mexicano
para la Competitividad así
como del Consejo Económico y
Social del Estado de Jalisco para
el Desarrollo y la Competitividad”
señaló en su posicionamiento la
coordinadora de la fracción del
PRD en el Congreso, Mónica
Almeida López.
Además se busca contemplar
que la Auditoría Superior de
Jalisco pueda realizar auditorías
especiales, de procesos, de
desempeño, forenses y demás
que señalen en su momento las
leyes secundarias para permitir
así una fiscalización adecuada del
gasto del recurso público. Otra
de las facultades que tendría el
órgano fiscalizador sería el de
emitir recomendaciones para
fortalecer los presupuestos y
leyes de ingresos vigentes, paraprevenir riesgos financieros.
“Integrar a la sociedad civil,
sector académico e iniciativa
privada al constituir un Consejo
Social de Políticas Públicas
para que ayuden en la labor de
fiscalización de la Auditoría,
facultando a la población para
realizar denuncias ante anomalías
en el uso de los recursos
públicos”. Finalmente pretenden
terminar con la eternización de
los dictámenes disminuyendo
los plazos hasta en menos de
cuatro meses para aprobar las
cuentas públicas.
“Cuando el gasto público no
corresponde con la razón y la
integridad, sólo existe absolutismo
y demagogia. Con esta propuesta
apostamos por una fiscalización
de planeación para una cultura
de legalidad, de desarrollo y
de derechos humanos, y sobre
todo, de resultados” puntualizó
la legisladora.

Por

Reforma Constitucional en materia de Autonomía de la Auditoría y Mejora en Fiscalización

FirmaConstitucional

Jalisco, Por una fiscalización y planeación democrática de desarrollo y resultados

Con su permiso presidente,

Compañeros diputados:

La Fracción del PRD ha sostenido que todo recurso público debe necesariamente producir las condiciones para que a cada integrante de la población en Jalisco tenga garantizado su mínimo vital, es decir sus derechos humanos mínimos necesarios.

Atendiendo a esto, proponemos reformar los artículo 35 y 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco para conformar un nuevo modelo de fiscalización basado en una planeación democrática del desarrollo, que fortalezca el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, previniendo y disminuyendo la corrupción, involucrando a la sociedad.

Esta reforma constitucional, integra las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y de la Organización de las Naciones Unidas; también considera la opinión de expertos de la UNAM, del Instituto Mexicano para la Competitividad así como del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad.

El PRD propone lo siguiente:

a) Armonizar el sistema de fiscalización con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, garantizando que éste siempre sea supervisado por la población, en estricto apego a ley;

b) Eliminar el principio de anualidad con objeto de que las auditorías se puedan realizar a través de todo el año fiscal, para que se puedan detectar irregularidades cuando éstas ocurran, y no cuando el recurso se haya ejercido;

c) Contemplar que la Auditoria Superior pueda realizar auditorías especiales, de procesos, de desempeño, forenses y demás que señalen en su momento las leyes secundarias para permitir así una fiscalización adecuada del gasto del recurso público;

d) Facultar a la Auditoría pueda emitir recomendaciones para fortalecer los presupuestos y leyes de ingresos vigentes, para prevenir riesgos financieros y en programas operativos de entes estatales y municipales, para así lograr consolidar una cultura de planeación para el Desarrollo;

e) Integrar a la sociedad civil, sector académico e iniciativa privada al constituir un Consejo Social de Políticas Públicas para que ayuden en la labor de fiscalización de la Auditoría, facultando a la población para realizar denuncias ante anomalías en el uso de los recursos públicos; y

f) Disminuir los plazos hasta en menos de cuatro meses para aprobar las cuentas públicas, dotando a la Auditoría de mayores facultades fortaleciendo su independencia para impedir que se politice la aprobación de éstas y así mejorar el proceso de rendición de cuentas ante la población.

Como Fracción estamos seguros que la única democracia posible es aquella que sea inteligente y coherente, porque cuando el gasto público no corresponde con la razón y la integridad, sólo existe absolutismo y demagogia. Apostemos con esta propuesta por una fiscalización de planeación para una cultura de legalidad, de desarrollo y de derechos humanos, y sobre todo, de resultados.

Muchas Gracias.

Reforma Constitucional en materia de Autonomía de la Auditoría y mejora en Fiscalización

Legislación que se pretende reformar:

35 y 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco

¿Cuál es la finalidad de esta reforma?

Fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado a efecto que la fiscalización de los recursos sirva para fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, prevenir y disminuir la corrupción en el Estado de Jalisco para lograr una planeación para el Desarrollo en aras de coadyuvar a consolidar nuestra democracia constitucional en base a la dignidad humana.

¿Qué antecedentes internacionales sirvieron para elaborar esta iniciativa?

1. Las Declaraciones de Lima y México emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la cual es una organización internacional gubernamental que cuenta actualmente con 191 miembros, en donde se recomienda: en donde se recomienda:

a) La necesidad de garantizar la independencia funcional de los organismos encargados de la fiscalización de los recursos, a efecto que no sean objeto de presión política o de cualquier tipo de interés;

b) La transparencia en los resultados de las cuentas públicas; y

c) El que de sus funciones se traduzcan en acciones preventivas y correctivas (1);

2. La Resolución A/RES/69/228 intitulada: la Promoción de la Eficiencia, la Rendición de Cuentas, la Eficacia y la Transparencia de la Administración Publica mediante el Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitida por las Naciones Unidas el 28 de enero de 2015 en donde reafirma la recomendación de los Estados a Adoptar las Declaraciones de México y Perú.

3. El análisis que en su momento ha realizado desde el 2005 el H. Congreso de la Unión de más de 23 países y de tres diversos tipos de modelos: modelo de auditorías o contralorías, modelo de tribunales o cortes de cuentas y modelos de consejos de auditorías, se puede deducir que la tendencia es el de consolidar este tipo de principios (2).

¿Qué antecedentes nacionales sirvieron para elaborar esta propuesta?

1. Las mesas de trabajo que se han realizado desde el 2009, en donde expertos como es el caso de Diego Valadés y John M Ackerman se han posicionado a favor de la autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación en donde participaron diversos partidos políticos a favor y en contra, en donde todos han coincidido en la necesidad de fortalecer la autonomía de las funciones de fiscalización;

2. Las reformas Constitucionales en materia del Sistema Nacional Anticorrupción así como de las nuevas disposiciones nacionales en materia de disciplina financiera en materia de planeación, en donde se fortalece la labor de los sistemas de fiscalización a nivel federal y local al contemplar medidas para los presupuestos se realicen de conformidad a las herramientas de planeación, por lo que es más fácil detectar irregularidades que respondan a intereses que no sean públicos (3).

¿Qué antecedentes estatales sirvieron para elaborar esta propuesta?

Las observaciones y recomendaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad en donde se señala lo siguiente:

a) Incluir auditorías especiales;

b) Contemplar supuestos en donde la población pueda denunciar irregularidades de las cuentas públicas;

c) Fortalecer el nivel de transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Las observaciones y recomendaciones realizadas por el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad en febrero de 2015, en donde, señala lo siguientes puntos trascendentales en el desarrollo de las funciones de fiscalización:

a. Jalisco ocupa el lugar 25 de 32 entidades federativas en cuanto a la evaluación de la normatividad tratándose de la fiscalización, por lo que se requiere actualizar ésta a las nuevas exigencias de la población;

b. Se necesita homologar el proceso de fiscalización estatal con el federal, a efecto de integrar la Auditoría Superior del Estado dentro del Sistema Nacional de Fiscalización;

c. Se requiere contemplar lineamientos que fortalezcan la independencia técnica y de gestión de la Auditoría, desvinculando su dependencia de la Comisión de Vigilancia;

d. Se sugiere incluir instancias responsables para que se pueda realizar auditorías en materia de desempeño, forenses, y de toda clase que sea necesaria para una adecuada revisión de la cuenta pública; y

e. Contemplar una estructura que permita al Auditor Superior del Estado tener una repercusión preventiva y positiva en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco.

Propuesta y alcances de la iniciativa

¿Cuáles son los puntos medulares que se proponen con esta reforma constitucional?

a) Contemplar que los informes en materia de fiscalización que realice la Auditoría no sean objeto de otros dictámenes por parte de comisiones internas del Congreso del Estado, garantizando en todo momento que su labor técnica tenga el alcance que requiera;

b) Asegurar que la labor de la Auditoría se desvincule de la Comisión de Vigilancia, facultando a esta última a través de su Unidad para evaluar sólo el desempeño de dicho organismo, garantizando a su vez que sea la Auditoría el ente encargado de fincar cargos públicos y darles seguimiento de manera paralela y coordinada con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que señale la legislación en su momento, permitiendo así que se pueda resarcir el daño ocasionado al patrimonio del Estado;

c) Disminuir los plazo de las observaciones que emita la Comisión de Vigilancia a las cuentas públicas a efecto que se reduzcan a treinta días hábiles, contemplando los supuestos en los que éstas se puedan realizar a efecto que nos e confundan con la labor de auditoría;

d) Fortalecer el perfil de Auditor, a efecto que sólo puedan ser elegidos por el puesto personas que gocen de maestría, a efecto que cuenten con mayor nivel de experiencia profesional;

e) Explicitar como principio de la fiscalización el de transparencia y rendición de cuentas, así como la función preventiva y correctiva de la

función de la fiscalización de recursos logrando de esta manera el que se cuente con un sistema integral que beneficie a la población;

f) Contemplar la obligación de los ayuntamientos y demás entes públicos de proponer sus leyes de ingresos tomando como referencia el flujo de ingresos reales, a efecto de evitar endeudamientos innecesarios y contar con una adecuada relación entre ingresos y egresos atendiendo al contexto real en el que se encuentran;

g) Explicitar el que pueda emitir recomendaciones preventivas en materia de riesgos financieros y en la operación de los programas municipales, contemplando el que cuente con un enfoque regional para permitir de esta manera aprovechar su experiencia para fortalecer el desarrollo de los municipios en el corto, mediano y largo plazo;

h) Establecer el que se puedan realizar auditorías especializadas, de desempeño, forenses, sobre todo atendiendo a diversas temáticas que en su momento se contemplen en la legislación secundaria;

i) Eliminar el principio de anualidad de las auditorías de las cuentas públicas, a efecto que éstas se puedan realizar siempre que se detecten riesgos en la fiscalización de los recursos públicos. Cabe resaltar que esta propuesta no sería en manera alguna inconstitucional ya que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 sólo contempla que las cuentas públicas deberán de entregarse por parte de las entidades federativas a más tardar el 30 de abril. Es importante que se de apertura a que se pueda atender a un esquema de intervención directa ante cualquier anomalía, ya que esto disminuye dar viabilidad a las auditorías especiales y de diversa índole mencionadas en el inciso anterior.

j) Facultar a la población para que pueda hacer denuncias y/o solicitudes de investigación en relación a las finanzas así como programas público de los ayuntamientos, fortaleciendo de esta manera el sistema de rendición de cuentas en un ánimo de colaboración entre los diversos integrantes de la sociedad;

k) En relación al inciso anterior, se propone integrar un Consejo Social de Políticas Públicas para el Desarrollo integrado por el sector académico, la iniciativa privada, y la sociedad civil a manera de apoyo, y asesoría para coadyuvar en el desarrollo de sus funciones de conformidad a lo que pueda plantear la legislación secundaria, lo cual a su vez, fortalecerá la legitimidad de las instituciones públicas.

l) Otorgar la facultad a la Auditoría Superior el que puedan emitir recomendaciones ante los anteproyectos de presupuestos estatales y municipales, así como de los diversos entes para mejorar el uso racional

de los recursos públicos a efecto que éstos sean congruentes al Plan Estatal o municipal de desarrollo según corresponda; y

m) Armonizar los plazos y legislación en materia de fiscalización con aquellos contemplados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto que se esté en mayor posibilidad de responder a las exigencias contempladas en el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Qué alcances tiene esta propuesta para mejorar la fiscalización del Estado de Jalisco?

a)-Prevenir el uso indebido de recursos públicos desde una perspectiva preventiva y correctiva;

b).-Profesionalizar la función de fiscalización atendiendo a una visión multidisciplinaria, en donde se vea reflejada en la elaboración e implementación de presupuestos para que éstos sean sostenibles, y atendiendo a una visión de planeación para el desarrollo.

c).-Fortalecer la autonomía de la Auditoría en atención a que se homologue a un contexto internacional, dado la importancia que tiene la fiscalización de recursos para fortalecer el Estado de Derecho

d).-Prever la participación del sector académico, iniciativa privada, pero sobre todo expertos en el análisis de las políticas públicas desde una óptica de fiscalización para fortalecer el desarrollo del Estado, en donde cualquier persona pueda denunciar en su momento anomalías que se puedan ver, aprovechando que éstas se puedan corregir a tiempo por parte de la Auditoría.

Aspectos de coyuntura de considerar por medios de comunicación?

¿Por qué razón se considera importante el que se siga contemplando la reelección del Auditor?

R: Actualmente se contempla en la legislación electoral el que varios funcionarios públicos se puedan reelegir. Necesitamos a un auditor capaz de acumular experiencia y que no sea objeto de abusos ante nuevos panoramas.

¿El quitarle las facultades a la Comisión de Vigilancia en materia de fiscalización, y traspasar su mayoría a la Auditoría, no viola la soberanía originaria que tiene el Congreso en materia de fiscalización?

R: En ningún momento se trastocaría la soberanía originaria, ya que la Auditoría Sigue dependiendo del Congreso. Lo único que cambia es adecuar las funciones de la Auditoría en un contexto internacional de mayor independencia en atención a

las propias recomendaciones de las Naciones Unidas para poder hacer frente a nuestros compromisos internacionales con la Comunidad Internacional.

¿Cómo se combate a la corrupción con esta propuesta?

R: Al establecer desde la constitución el que la Fiscalización se realizará atendiendo a los lineamientos contemplados por el Sistema Nacional Anticorrupción así como el Sistema Nacional de Fiscalización, se logra armonizar la legislación estatal, sobre todo cuando se pueda plantear las iniciativas de las correspondientes leyes secundarias.

A su vez, al dotar con esta propuesta a la Auditoría de poder fiscalizar recursos a través de auditorias especiales de procesos, forenses, de desempeño, se logrará disminuir aquellas esferas de alta discrecionalidad o en donde realmente se puedan detectar anomalías, a efecto de mejorar el Desarrollo del Estado de Jalisco.

(1) Red por la Rendición de Cuentas. CIDE. Autonomía Constitucional de la ASF. CPC. Juan M. Portal M. (marzo 2013) Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/01_RCC_Juan-M.-Portal_corregido-ISBN.pdf

(2) H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. Unidad de Evaluación y Control. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Fiscalización Superior Comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo. (diciembre 2005) disponible en: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/…/fiscalizacion_comparada.pdf

(3) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. (abril 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 35 y 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco con objeto de fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y armonizar las disposiciones en materia de fiscalización en relación al Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE:

Con fundamento en la facultad que me otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I, 150 y 153 párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; la que suscribe, la C. Diputada Mónica Almeida López, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa de ley que tiene por objeto reformar los artículos 35 y 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco con objeto de fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y armonizar las disposiciones en materia de fiscalización en relación al Sistema Nacional Anticorrupción al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La fiscalización de los recursos públicos a nivel internacional gana cada vez mayor relevancia, ya que ésta sirve como parámetro de rendición de cuentas para coadyuvar a un gasto funcional en atención a un paradigma que busca construir una sociedad con base al desarrollo, y por ende, en la dignidad humana.

II. Tal es el caso que desde 1953 se contempló la creación de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la cual es una organización internacional gubernamental que cuenta actualmente con 191 miembros (1), en un afán para garantizar una rendición de cuentas que sea adecuada. Entre sus diversos documentos se pueden encontrar la Declaración de Lima (1977) y la Declaración de México (2007) la cual complementa las directrices de la primera, en donde se recomienda:

a) La necesidad de garantizar la independencia funcional de los organismos encargados de la fiscalización de los recursos, a efecto que no sean objeto de presión política o de cualquier tipo de interés;

b) La transparencia en los resultados de las cuentas públicas; y

c) El que de sus funciones se traduzcan en acciones preventivas y correctivas (2);

III. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas emitió el 28 de enero de 2015 la Resolución A/RES/69/228 intitulada: la Promoción de la Eficiencia, la Rendición de Cuentas, la Eficacia y la Transparencia de la Administración Publica mediante el Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (3), en donde hace hincapié sobre la importancia de que los demás países incorporen en sus marcos institucionales las declaraciones ya señaladas.

IV. Varios países, desde una óptica de derecho comparado, han contemplado ya este tipo de lineamientos, el H. Congreso de la Unión realizó en el 2005 el análisis de más de 23 países y de tres diversos tipos de modelos: modelo de auditorías o contralorías, modelo de tribunales o cortes de cuentas y modelos de consejos de auditorías, se puede deducir que la tendencia es consolidar este tipo de principios (4).

V. Estos estudios de referencia son importantes porque han mostrado que la funcionalidad de la Auditoría no estriba en si depende del poder Legislativo, como ocurre en Canadá o Estados Unidos, o que sean independientes de cualquier poder, como en Chile o Colombia, más bien depende de que en la práctica se den las circunstancias que permitan a las auditorías o sus equivalentes, actuar de manera independiente, con eficacia y eficiencia; pero sobre todo, de manera congruente y con un marco que proyecte confianza a la población.

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA NACIONAL

I. En México se ha señalado ya la necesidad de que se den los principios planteados, expertos como Diego Valadés y John M Ackerman se han posicionado a favor de la autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, incorporando mesas de trabajo en el 2009 con diversas expresiones políticas donde se hicieron valer puntos de vista a favor y en contra de dicho tema. (5)

II. Éste estudio resaltó la problemática que existe en los informes de las cuentas públicas pues pueden ser determinadas por criterios políticos más que técnicos.(6) Según el criterio de los académicos, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ejerce un control de intereses políticos sobre la Unidad de Evaluación y Control que determina a su vez el trabajo del Auditor Superior de la Federación.

III. También se desprende que una solución puede ser la autonomía constitucional, y por otro lado ésta no es garantía de que implicará necesariamente una mejora automática en las cuentas públicas, ya que lo que se requiere, sobre todo a nivel federal, es desvincular la función de este organismo del control de la Comisión de Vigilancia.

IV. Este tipo de análisis se realizaron antes de las reformas constitucionales de mayo de 2015 donde se inauguró el Sistema Nacional Anticorrupción (7); y antes de la legislación secundaria de julio de 2016 (8), y en estas disposiciones se contemplan nuevos lineamientos para la Auditoría Superior de la Federación, así como de las entidades federativas que las fortalecen, disminuyendo el margen de politización al que se veían sometidas.

V. Esto se debe a que a futuro las auditorías tanto a nivel federal y local formarán parte del Sistema Nacional y Anticorrupción, siendo estrictamente vigiladas por el Comité de Participación Ciudadana y sus homólogas estatales. Además, se va a buscar una plataforma digital para integrar todas las diversas cuentas y gastos públicos y tener mejor control de éstos.

VI. Aplicando de manera certera dicho sistema, estas medidas dificultan, aunque no imposibilitan, la injerencia política que la Comisión de Vigilancia, y demás comisiones o entes estatales tengan sobre la labor de las diversas auditorías. En este sentido, los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las nuevas disposiciones nacionales en materia de disciplina financiera en materia de planeación, fortalecen la labor de los sistemas de fiscalización a nivel federal y local al contemplar medidas para que los presupuestos se realicen de conformidad a las herramientas de planeación,por lo que es más fácil detectar irregularidades que respondan a intereses que no sean públicos (9).

VII. Sin embargo, sigue reiterándose la importancia de que se tomen todas las medidas para seguir mejorando una labor de fiscalización y rendición de cuentas, para fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas y que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población. De nada sirve disminuir riesgos si se pueden tomar las medidas para erradicarlos totalmente.

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA ESTATAL

I. Al igual que a nivel federal, la legislación estatal de Jalisco ha incorporado varios lineamientos internacionales:

a) Contemplar la autonomía en la gestión de la Auditoría y en su funcionamiento (Fracción IV del artículo 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco);

b) Que se elijan los mejores perfiles, de preferencia a través de un examen de oposición (Fracción VII del artículo 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco (10);y

c) Integrar mecanismos de profesionalización para el ingreso a la Auditoría, permitiendo que el Auditor elija su propio equipo de trabajo (artículo 2º de la Ley de Fiscalización y Auditoría Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios);

d) Incluir una serie de principios éticos que guíen la función de la Auditoría para evitar el que éste se vea mermado en la aplicación de la ley ((artículo 2º de la Ley de Fiscalización y Auditoría Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios);

II. Sin embargo, al igual que la legislación federal, la Comisión de Vigilancia a través de la Unidad en la materia cuentan con varias herramientas que representan el riesgo de que su actividad se politice, pues este órgano interno pueda proponer ante el Pleno el sentido de los dictámenes finales de las cuentas públicas, de conformidad a lo contemplado en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización en cuestión, a pesar que el artículo 35 Bis señala expresamente en la Fracción II relacionado a las funciones de la Auditoría.

III. La legislación de fiscalización se contrapone con la Constitución Política del Estado de Jalisco en el entendido de que la Comisión de Vigilancia no tendría por qué realizar dictamen de ningún tipo, ya que esto da un margen político de maniobra injustificadamente excesivo a favor del H. Congreso del Estado, y que resulta contraproducente para la legitimidad de las instituciones públicas.

IV. Inclusive, no se entiende en qué medida la Comisión de Vigilancia a través de la Unidad en la materia debiera de tener facultades para poder analizar cuentas públicas, o gestión de planes y programas públicos, tal como lo señala su artículo 6º del Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado. Se podría afirmar que esto es un complemento para poder realizar las observaciones, para lo que sí está facultado constitucionalmente el Congreso del Estado, sin embargo no se percibe su utilidad cuando éstas las puede llevar a cabalidad la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

V. Por otro lado no se explica que se haya contemplado en la legislación vigente que se otorgue un plazo de 9 meses a la Comisión de Vigilancia para que realice las

observaciones, una vez que se entreguen los informes finales por parte de la Auditoría, cuando precisamente, lo que se debe buscar, atendiendo al Sistema Nacional Anticorrupción, es que se cuente con la debida celeridad para resolver lo procedente relacionado a las cuentas públicas.

VI. El marco jurídico vigente en la materia da a entender que la Comisión de Vigilancia así como la Unidad, forman una especie de auditoría de la auditoría, rompiendo con la sana distancia que puede afectar con su independencia. Este argumento se ve fortalecido por las últimas recomendaciones que emitió el Instituto Mexicano para la Competitividad en relación a la función que realiza la Auditoría Superior del Estado en donde se señaló que el sistema actual pone en riesgo la autonomía, lo cual se debe corregir, al existir una “relación cercana entre los titulares de los órganos fiscalizadores y los políticos” (11).

VII. Entre otro tipo de recomendaciones por parte del IMCO contemplan la necesidad de:

a) Incluir auditorías especiales;

b) Contemplar supuestos en donde la población pueda denunciar irregularidades de las cuentas públicas;

c) Fortalecer el nivel de transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

VIII. Otro de los problemas que se ha detectado consiste en que se requiere fortalecer el perfil de quien sea el auditor, para que su titular pueda contar con postgrado, ya que actualmente sólo se pide un nivel de licenciatura. Esto puede resultar perjudicial en un contexto que requiere personas más preparadas, y con un alto nivel de trayectoria.

IX. De manera similar, se ha detectado que la legislación es omisa en señalar supuestos preventivos y correctivos que puedan incidir en el presupuesto. Esto se debe en parte a que los ayuntamientos realizan sus leyes en la materia con base en estimaciones, sin tomar en consideración el influjo real de sus ingresos, lo cual afecta su nivel de endeudamiento.

X. Es importante también que la Auditoría participe desde una perspectiva de recomendación en relación al presupuesto estatal, ya que su nivel de conocimiento y experiencia lo hacen contar con un potencial para detonar el desarrollo de las regiones y municipios como ningún ente, y lo cual actualmente está siendo desaprovechado.

XI. Inclusive, se requiere una visión preventiva y correctiva en materia de fiscalización a nivel regional, ya que actualmente la fiscalización trata de manera aislada cada ayuntamiento sin establecer la vinculación entre éste y la región a la cual pertenece. Es importante que esto cambie ya que de lo contrario, se corre el riesgo que no se puedan consolidar de manera adecuada la cultura de planeación y de presupuesto con base en resultados.

XII. En la legislación estatal vigente también se detectó que aún no se han armonizado los plazos por los cuales se deben entregar las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizados, ya que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que deberá enviarse a las legislaturas de los Estados el 30 de abril (12). En este tenor es necesario además que nuestra legislación señale que el sistema de fiscalización deberá de estar acorde a lo que señale el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y se armonice le legislación local con las reformas constitucionales federales en la materia.

XIII. De manera similar a los problemas que se han detectado el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, señala los siguientes puntos trascendentales en el desarrollo de las funciones de fiscalización que consideramos adecuados como Fracción Parlamentaria para la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional en cuestión (13):

a. Jalisco ocupa el lugar 25 de 32 entidades federativas en la evaluación de la normatividad tratándose de la fiscalización, por lo que se requiere actualizar ésta a las nuevas exigencias de la población;

b. Se necesita homologar el proceso de fiscalización estatal con el federal, a efecto de integrar la Auditoría Superior del Estado dentro del Sistema Nacional de Fiscalización;

c. Se requiere contemplar lineamientos que fortalezcan la independencia técnica y de gestión de la Auditoría, desvinculando su dependencia de la Comisión de Vigilancia;

d. Se sugiere incluir instancias responsables para que se puedan realizar auditorías en materia de desempeño, forenses, y de toda clase que sean necesarias para una adecuada revisión de la cuenta pública; y

e. Contemplar una estructura que permita al Auditor Superior del Estado tener una repercusión

preventiva y positiva en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco.

XIV. Estos señalamientos atienden a su vez otras legislaciones, cabe resaltar que estos análisis en gran parte actualizados, se realizaron antes que se aprobaran las reformas constitucionales y secundarias en materia de disciplina financiera y en relación al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que varias observaciones no se incluyeron por considerar que serán objeto de otros procedimientos de armonización en la materia, o porque ya se están llevando a cabo.

PROPUESTA

I. En atención a lo anterior se propone reformar el artículo 35 y 35 Bis con objeto de:

a) Contemplar que los informes en materia de fiscalización que realice la Auditoría, para garantizar en todo momento que su labor técnica tenga el alcance que requiera, no sean objeto de otros dictámenes por parte de comisiones internas del Congreso del Estado;

b) Asegurar que la labor de la Auditoría se desvincule de la Comisión de Vigilancia, facultando a esta última a través de su Unidad para evaluar sólo el desempeño de dicho organismo, garantizando a su vez que sea la Auditoría el ente encargado de fincar cargos públicos y darles seguimiento de manera paralela y coordinada con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que señale la legislación en su momento, permitiendo así que se pueda resarcir el daño ocasionado al patrimonio del Estado;

c) Disminuir los plazo de las observaciones que emita la Comisión de Vigilancia a las cuentas públicas a efecto que se reduzcan a treinta días hábiles, contemplando

los supuestos en los que éstas se puedan realizar a efecto que no se confundan con la labor de auditoría;

d) Fortalecer el perfil de Auditor, para que sólo puedan ser elegidas personas con posgrado y que cuenten con mayor nivel de experiencia profesional;

e) Contemplar la obligación de los ayuntamientos y demás entes públicos de proponer sus leyes de ingresos tomando como referencia el flujo de ingresos reales, para evitar endeudamientos innecesarios y contar con una adecuada relación entre ingresos y egresos atendiendo al contexto real en el que se encuentran;

f) Explicitar que pueda emitir recomendaciones preventivas en materia de riesgos financieros y en la operación de los programas municipales, contemplando que cuente con un enfoque regional para permitir de esta manera aprovechar su experiencia para fortalecer el desarrollo de los municipios en el corto, mediano y largo plazo;

g) Establecer que se puedan realizar auditorías especializadas, de desempeño, forenses, sobre todo atendiendo a diversas temáticas que en su momento se contemplen en la legislación secundaria;

h) Eliminar el principio de anualidad de las auditorías de las cuentas públicas, a efecto que éstas se puedan realizar siempre que se detecten riesgos en la fiscalización de los recursos públicos. Cabe resaltar que esta propuesta no sería en manera alguna inconstitucional ya que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 sólo contempla que las cuentas públicas deberán de entregarse por parte de las entidades federativas a más tardar el 30 de abril. Es importante que se dé apertura a un esquema de intervención directa ante cualquier anomalía, ya que esto permite dar viabilidad

a las auditorías especiales y de diversa índole mencionadas en el inciso anterior.

i) Facultar a la población para que pueda hacer denuncias y/o solicitudes de investigación en relación a las finanzas así como programas municipales, fortaleciendo de esta manera el sistema de rendición de cuentas en un ánimo de colaboración entre los diversos integrantes de la sociedad;

j) En relación al inciso anterior, se propone integrar un Consejo Social de Políticas Públicas para el Desarrollo integrado por el sector académico, la iniciativa privada, y la sociedad civil a manera de apoyo y asesoría para coadyuvar en el desarrollo de las funciones de fiscalización de conformidad a lo que pueda plantear la legislación secundaria que deberá crearse posteriormente, lo que fortalecerá la legitimidad de las instituciones públicas.

k) Otorgar la facultad a la Auditoría Superior el que puedan emitir recomendaciones ante los anteproyectos de presupuestos estatales y municipales, así como de los diversos entes para mejorar el uso racional de los recursos públicos a efecto que éstos sean congruentes al Plan Estatal o Municipal de Desarrollo según corresponda; y

l) Armonizar los plazos y legislación en materia de fiscalización con aquellos contemplados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto que se esté en mayor posibilidad de responder a las exigencias contempladas en el Sistema Nacional Anticorrupción.

EFECTOS ECONÓMICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES DE LA INICIATIVA

I. De aprobarse esta propuesta, en lo económico se podría disminuir el presupuesto de la Auditoría, ya que se hará de manera más eficaz y eficiente, atendiendo a lineamientos de mayor profesionalización y se pueda prescindir de personal que no sea necesario. Además, esta propuesta tiene la pertinencia de mejorar las finanzas públicas del Estado, al contar con un marco jurídico constitucional que permite que de manera preventiva y correctiva la Auditoría Superior del Estado pueda realizar las recomendaciones para fortalecer el desarrollo de los ayuntamientos y demás entes públicos.

II. Sobre todo, estas propuestas se traducirán en el uso racional y funcional de las leyes de ingresos y egresos, y se eviten endeudamientos innecesarios y se tengan más herramientas para un trabajo colaborativo en donde también participe la sociedad de manera proactiva en la construcción financiera y operativo de su municipio así como del Estado, para que se atienda mejor a sus necesidades.

III. En lo jurídico, esta propuesta tiene la pertinencia de fortalecer la seguridad jurídica y coadyuvar a consolidar nuestra democracia constitucional, ya que permite a la población tener mayor previsibilidad sobre el gasto público, a efecto que éste sea acorde con la planeación para el desarrollo, desde una óptica regionalizada, en donde el uso de los recursos públicos corra menos riesgo a ser subordinado a intereses particulares.

IV. A su vez esta propuesta estaría armonizando la legislación estatal a la nacional atendiendo al Sistema Nacional Anticorrupción, logrando la homologación del texto constitucional local con los requisitos que señalan la legislación aplicable. Es importante que se tomen de manera anticipada las medidas legislativas que permitan una aplicación de los principios constitucionales federales en aras de mejorar nuestro sistema de rendición de cuentas.

V. En lo social, esta propuesta tiene la pertinencia de fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas, así como mejorar la cohesión del tejido social, al coadyuvar a crear un ambiente propicio para construir de manera solidaria entre los diversos integrantes de la población basada en la dignidad humana. Además, se estará incorporando las valiosas observaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, y de la experiencia internacional, nacional y local a efecto de contar con un sistema que logre que el gasto público atendiendo al contexto sociopolítico, económico y jurídico actual.

Por lo anteriormente expuesto y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I y 148 párrafo 1, 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; someto a consideración de esta Asamblea Legislativa bajo los términos propuestos, la siguiente:

INICIATIVA DE LEY que tiene por objeto reformar los artículos 35 y 35 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO

Artículo 35.- Son Facultades del Congreso:

I a la XXIV…

XXV.- Verificar y realizar la fiscalización superior del desempeño y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de los órganos, dependencias y entidades públicas a través de la Auditoría Superior del Estado;

Serán principios rectores de la fiscalización superior del Congreso del Estado, el cual desempeñará a través de la Auditoría Superior del Estado: la legalidad, certeza, transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, honestidad, disciplina presupuestal, responsabilidad, objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, posterioridad, imparcialidad y confiabilidad y la orientación estratégica de los recursos públicos basada en la adecuada planeación para el desarrollo.

b) El Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior del Estado realizará un riguroso ejercicio de verificación y fiscalización a los órganos, dependencias y entidades públicas, mediante el análisis de los dictámenes de cuenta pública, verificación de avance programático, los informes solicitados, la glosa del informe del Poder Ejecutivo y las comparecencias de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios;

c) Si del examen que el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, realice con motivo de la fiscalización aparecieran supuestas irregularidades presupuestales o el probable incumplimiento de los programas o planes de los órganos, dependencias y entidades públicas, se emitirán las recomendaciones de mejora y para que se inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad de acuerdo con la ley;

e) Las cuentas públicas definitivas de los poderes Ejecutivo y Judicial, de los organismos públicos estatales autónomos, organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales deben ser presentadas por la Auditoría Superior del Estado al Congreso a más tardar el treinta de abril del año siguiente al de su ejercicio, para el ejercicio de sus atribuciones de auditoría pública. Solo se podrá́ ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura;

Artículo 35-Bis.- …

La Auditoría Superior, en el ejercicio de sus atribuciones, puede decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, contemplando para su mejor operatividad un Consejo Social de Políticas Públicas para el Desarrollo el cual estará integrado por representantes del sector académico, de la iniciativa privada y sociedad civil de conformidad con lo que señale la legislación secundaria, cuya función será emitir recomendaciones para el adecuado desarrollo democrático del Estado atendiendo al Plan Estatal de Desarrollo para eficientar y mejorar la eficacia del gasto de los recursos públicos.

II. Presentar al Congreso del Estado, en el plazo previsto por la ley, a través de la comisión competente, quien lo turnará al pleno del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus funciones de verificación y auditoría pública para su aprobación o devolución con observaciones, el dictamen definitivo sobre el resultado de la revisión de las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los entes públicos autónomos, organismos descentralizados y fideicomisos estatales, así como de cualquier persona o entidad que reciba recursos públicos, incluyendo la aplicación de recursos de origen federal, cuando éstos formen parte de la respectiva cuenta pública, estatal y de los particulares, en los términos y plazos que establezcan las leyes en la materia.

El resultado incluirá el informe de resultados de la cuenta pública, el dictamen de su revisión y el apartado correspondiente a la auditoría pública y verificación, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismos que tendrá carácter público. En caso de que el Congreso del Estado devuelva el informe final de la Auditoría Superior del Estado, lo acompañará con las observaciones, con el fin de que la Auditoría Superior del estado de Jalisco las solvente en un término no mayor de noventa días, para su aprobación o rechazo por el pleno del Congreso, sin que éste pueda modificarlos. La devolución del informe final podrá ocurrir en un plazo no mayor a treinta días hábiles después ser recibido.

f) Será conforme a lo establecido en el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización;

g) Será preventivo y correctivo, entiendo por tal que la Auditoría emitirá las recomendaciones necesarias para evitar que los ayuntamientos y demás entes públicos corran riesgos financieros y sus presupuestos puedan ser acordes al Plan Estatal o Municipal de Desarrollo según corresponda; así mismo revisará que leyes de ingresos y presupuestos municipales y estatales atendían a su flujo real de ingresos a efecto de evitar subejercicio o sobregiro en el gasto público.

h) Será regionalizada, por lo que la Auditoría Superior emitirá las recomendaciones que sean necesarias a los ayuntamientos para solucionar los problemas de la región a la que correspondan en atención a los planes municipales y estatales de Desarrollo;

i) Se permitirá que la población pueda solicitar que se investiguen irregularidades en las cuentas públicas, de conformidad con lo que marque la normatividad aplicable, siendo la Auditoría la única autoridad facultada para fincar créditos fiscales, previa aprobación por la Asamblea, colaborando en su caso con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y demás autoridades que resulten competentes de ser necesarios ;

j) Será especializada, se podrán realizar diversas auditorías a través del año fiscal incluyendo auditorías de procesos, de desempeño, forenses, de tecnologías de la información y demás que garanticen una revisión integral del gasto público, atendiendo a lo que señale la legislación secundaria;

k) Servirá a fortalecer la cultura de rendición de cuentas y de Estado de Derecho, publicando los resultados en su integridad una vez que ésta haya concluido, salvaguardando los datos personales y demás datos sensibles de conformidad a la normatividad aplicable;

l) Fortalecerá las leyes de ingresos y de presupuestos de egresos, emitiendo las recomendaciones necesarias a los anteproyectos correspondientes, para que se optimice el uso racional de los recursos públicos atendiendo a las finalidades de los planes estatales y municipales de Desarrollo; y

c) Poseer el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciatura en Contaduría Pública, licenciado en Derecho o abogado, licenciado en Administración Pública o licenciado en Economía, y título profesional de maestría, expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, y haber pasado con una calificación mayor de noventa el examen de oposición de conformidad con lo que se contemple en la legislación secundaria;

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.”

SEGUNDO.-Una vez entrado en vigor el presente decreto el Gobierno del Estado y demás entes públicos tendrá un plazo no mayor a la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción para que se apliquen en su integridad estas reformas.

 

(1) INTOSAI. Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Acerca de Nosotros. (vi agosto 2016) disponible en: http://www.intosai.org/es/acerca-de-nosotros.html

(2) Red por la Rendición de Cuentas. CIDE. Autonomía Constitucional de la ASF. CPC. Juan M. Portal M. (marzo 2013) Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/01_RCC_Juan-M.-Portal_corregido-ISBN.pdf

(3) Naciones Unidas. Asamblea General. /RES/69/228. la Promoción de la Eficiencia, la Rendición de Cuentas, la Eficacia y la Transparencia de la Administración Pública mediante el Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. (enero 2015) disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/228

(4) H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. Unidad de Evaluación y Control. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Fiscalización Superior Comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo. (diciembre 2005) disponible en: www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/…/fiscalizacion_comparada.pdf

(5) John. M. Ackerman y César Astudillo. (2009). La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación. México: Porrúa.

(6) IDEM.

(7) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en orden cronológico. (mayo 2015) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf

(8) Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (julio 2016) disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016

(9) Ibid. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. (abril 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(10) Biblioteca Virtual. Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Constitución Política del Estado de Jalisco. (vi agosto 2016) disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx

(11) Milenio.com. Jalisco. IMCO actualizará estudio a Auditorías. Arturo Ramírez Gallo. (agosto 2016 ) disponible en: http://www.milenio.com/jalisco/IMCO-actualizara-estudio-auditorias_0_791920848.html

(12) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en orden cronológico. (mayo 2015) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf

(13) Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Recomendación respecto de la implementación de un Modelo Integral de Fiscalización Superior para el Estado de Jalisco. (febrero 2015) disponible en: http://www.cesjal.org/recomendaciones/recomendacion-respecto-de-la-implementacion-de-un-modelo-integral-de-fiscalizacion-superior-para-el-estado-de-jalisco

Guadalajara, Jalisco a 25 de agosto de 2016

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco

LXI Legislatura

C. DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Por

“Bachelajara”

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Con el periodo de lluvias se agudiza lo que ya es crónico en la ciudad, no hablamos de la periférica, sino del mismísimo centro de la cuidad: los baches. Calles como Juan Manuel, Mariano de la Bárcena, Rayón, Libertad, Hidalgo, 8 de Julio, Enrique González Martínez y Nueva Galicia hacen honor al sobrenombre que desde hace mucho los propios tapatíos han tenido a bien bautizar “Bachelajara”. Aunque lo anterior pudiera sonar a manera de burla y ser causante de risa de más de algún externo, lo cierto es que para los que vivimos la ciudad, esto entre cosas nos hace más bien padecerla.

Es necesario mencionar que el afloramiento proviene del subsuelo, muchas de las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara han sido una y otra vez revestidas con asfalto que al paso del tiempo abre camino, literalmente al empedrado que una una vez vistió las calles, que hoy son intransitables. Uno de los muchos problemas es que los pavimentos se han excedido a la duración para la que fueron creados.

Pareciera que nuestras autoridades no caminan sus calles, no se han pochado una llanta del auto, o no han sido testigos de algún accidente entre aquel automovilista que por intentar sacarle al bache se ha llevado en el paso a un ciclista. Es urgente que las autorides salgan a las calles no solo en campaña, y se den cuenta de que las lluvias solo vienen a sacar a relucir el sin fin de fallas que éstos intentan cubrir con chapopote. Sin duda el reclamo de los vecinos de la zona es legítimo y necesario.  De oriente a poniente no hay calle sana, les comparto imágenes.

Atentamente

Raúl Vargas López
Presidente del CEE del PRD Jalisco

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!
Guadalajara, Jalisco., 18 de Agosto de 2016

Por

Imparte PRD taller sobre “Violencia Política” en Jalisco

taller

 A fin de mantener el protocolo de la erradicación de la violencia política contra las mujeres, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional, Paloma Castañón Hernández, acompañada por la secretaria de Derechos Humanos del PRD en Jalisco, Olga Gómez Flores, así como por la secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, y el presidente del Sol Azteca en la entidad Raúl Vargas López, impartió un taller: Se llama violencia política y nos afecta a todos, el cual se está replicando en cada estado de la República,

Paloma Castañón, mencionó que el partido impulsará talleres para erradicar ese problema y sobre todo para dar a conocerlas formas de actuación, pues la idea es impartir un taller informativo en cada entidad del país, principalmente en los 13 estados donde habrá elecciones el próximo mes de junio. “En este proceso electoral no podemos permitir que haya una mujer política violentada y mucho menos dentro del PRD”, expresó Castañón Hernández.

Por su parte el Vargas López, condenó el artero asesinato de Humberto Ortiz García, ex presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, además demandó una investigación a fondo sobre los hechos. El cuerpo fue hallado el jueves por la noche en el interior de un vehículo abandonado cerca de un canal, en las inmediaciones del fraccionamiento Marimar al poblado Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo.

Al respecto, el dirigente estatal del PRD exigió el esclarecimiento del crimen y castigo para los culpables.

 

 

 

 

 

Por

Se llama violencia política y nos afecta a todas y todos

convo

Estimados compañeros de los medios de comunicación:

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, a través de su Secretaria de Derechos Humanos, invitan al “Taller: Se llama Violencia Política, y nos afecta a todas y todos”. Cuyo principal objetivo es visualizar los actos de violencia del que son objeto las mujeres en la esfera política y como esto nos afecta a todas y todos, para así fomentar la igualdad de nuestro partido.

Según datos de la ONU, en pleno 2015, sólo el 22% de las posiciones parlamentarias nacionales estaban ocupadas por mujeres. Hasta enero de este año, 10 mujeres eran jefas de Estado y 14 jefas de gobierno, mientras que sólo el 17 por ciento de las posiciones en los gabinetes de estado estaba integrado por mujeres, las cuales en su mayoría se encargan de carteras tradicionalmente asignadas a mujeres: familia y educación. Para la ONU estos datos son peores si tomamos en cuenta las posiciones municipales o estatales.

En la inauguración del Taller, estará presente Paloma Montserrat Castañón, Secretaria de Derechos Humanos a nivel nacional, acompañada por Olga Gómez Flores, Secretaria de Derechos Humanos del PRD Estatal, Raúl Vargas López, presidente del partido del Sol Azteca en Jalisco.

La cita es el día, sábado 13 de agosto a las 11.30 horas, en el Centro Cultural Independencia ubicado en la calle Independencia #744 esquina Mezquitán, Colonia Centro.

Por

Modificación a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado De Jalisco y sus Municipios: Por un Gasto Público Inteligente y Democrático

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Quiebra y Riesgo en la Operación de Programas Municipales

Objeto de la Iniciativa:

Prevenir riesgos financieros o en la operación de los programas municipales a efecto que se coadyuve a que éstos tengan finanzas sanas, y cuyas políticas públicas sean de mayor calidad, eficaz y eficientes.

Legislación que se pretende adicionar y reformar:

Se adiciona un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Conceptos Básicos de la Iniciativa:

De acuerdo a la propuesta, ¿qué es la quiebra municipal?

La insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento, declarada por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

¿Cuáles son los supuestos por los que se puede considerar que un ayuntamiento puede entrar en un procedimiento de quiebra municipal?

1. El incumplimiento de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices por parte de los entes obligados cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

2. El que un ayuntamiento no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; y

3. La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder llevarlos a cabo por un uso indebido de los recursos públicos.

¿Qué es el Riesgo en la Operación de Programas Municipales?

Es la Declaratoria que realiza el Congreso del Estado cuando observa inconsistencias manifiestas e irregularidades en la aplicación de programas municipales, en relación a la planeación estatal y municipal de desarrollo que podría poner en riesgo el adecuado funcionamiento.

¿Cuáles son los supuestos por los que se puede iniciar un procedimiento de riesgo en la operación de programas municipales?

1. Ante el incumplimiento de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices por parte de los entes obligados cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

2. El que no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; y

3. La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder llevarlos a cabo por un uso indebido de los recursos públicos.

¿Cuál es el nombre del procedimiento que se propone proceda ante los supuestos de una probable quiebra o riesgo en la operación de programas municipales; y qué personas y autoridades están facultades para dar inició a éste?

a) En caso que se den dichos supuestos procede un proceso de investigación ante la Auditoría Superior del Estado, ya sea de oficio, o a petición de cualquier persona. En este segundo supuesto se debe de hacer por escrito en donde se cumplan los siguientes requisitos:

* Nombre del o los denunciantes, señalando domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; en caso de ser persona pública se seguirán los lineamientos contemplados en las leyes respectivas;

* Ayuntamiento que incurre en los supuestos mencionados;

* Los antecedentes con los responsables que dieron pie a que se de los supuestos que se mencionan;

* El conjunto de pruebas que se adjuntan para mostrar el que el ayuntamiento se encuentra en los supuestos en cuestión;

* La argumentación jurídico y fáctica que muestra de manera manifiesta que el ayuntamiento se encuentra en cualquiera de los supuesto que se contemplan;

* Firma o firmas autógrafas o en su caso electrónica de quienes promueven la denuncia en cuestión

¿Cuáles son los alcances de este procedimiento de investigación?

El que la ASEJ investigue dicha petición, elaborando en su caso un expediente preventivo a manera de recomendación a efecto que el Ayuntamiento pueda hacer frente a los riesgos financieros o en la aplicación de sus programas municipales, el cual contendrá los siguientes elementos:

a) Diagnóstico financiero/ programas del ayuntamiento;

b) Factores financieros de riesgo/ programas;

c) Opiniones de expertos;

d) Medidas a tomar con sus debidos plazos; y

e) Firma autógrafa o en su caso electrónica del Auditor Superior del Estado.

¿Qué ocurre si el ayuntamiento incumple con las recomendaciones que emita la ASEJ?

Elaborará un dictamen para emitir una declaratoria de quiebra o de riesgo en la operación de programas municipales, enviándolo a las Comisiones de Hacienda y Vigilancia del H. Congreso del Estado para que ésta la aplique atendiendo a los lineamientos que la ASEJ haya emitido.

¿Qué acciones se planean contemplar para evitar que el ayuntamiento sea escuchado a través del procedimiento?

a) Durante la discusión de la propuesta de la ASEJ, se manda llamar a dicha dependencia, a la SEPAF y al ayuntamiento de referencia para que puedan determinar en qué medida complementar las medidas y demás acciones que recomienda la Auditoría.

b) Además, una vez notificado los ayuntamientos, e iniciado el procedimiento, podrán éstos solicitar el que se aplace la declaratoria por una vez, justificando sus razones, y siempre que se aprueben por las Comisiones, a efecto que pueda remediar dicha situación.

Si en quince días las comisiones y el pleno determinan que hay lugar a aplazarla, se dará dicha circunstancia, pero, a condición que se cumplan las medidas acordadas.

¿Qué ocurre si un ayuntamiento es omiso en incumplir con la medida de aplazamiento?

a) De manera inmediata se remite a la ASEJ, a efecto que vuelva a dictaminar la declaratoria, remitiéndola al Congreso para que ordene a la ASEJ y SEPAF realicen las operaciones correspondiente para que se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la declaratoria correspondiente;

b) Se faculta a la ASEJ a promover juicio político en contra de todos los integrantes del ayuntamiento. Además todo lo actuado durante dicho procedimiento cobra valor como prueba plena, por lo que se revierte la carga de la prueba en contra del ayuntamiento para mostrar que tenía causa justificada para incumplir en el aplazamiento.

¿Cuáles son los efectos de una declaratoria de quiebra o de riesgo en la operación de programas municipales?

a) El que se tomen medidas urgentes y conducentes que hayan fijado la ASEJ, la SEPAF, y las comisiones de Vigilancia y Hacienda; y

b) Restaurar el adecuado funcionamiento operativo y financiero del ayuntamiento tanto en el corto, mediano y largo plazo.

Antecedentes de la Propuesta

¿Cuáles fueron los antecedentes de la iniciativa a nivel internacional y nacional?

a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual en su artículo 9º se señala la importancia que tiene realizar una adecuada vigilancia de los recursos públicos que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, y pone énfasis al final del artículo en adoptar medidas que prevengan riesgos en el uso de los recursos y logren en su caso implementarse medidas correctivas (1); y

b) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016, señala que las entidades federativas y municipios deberán de adoptar un régimen que garantice que sus presupuestos sean sostenibles, y acordes a sus Planes Estatales y Municipales de Desarrollo.

(1)Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (octubre 2003) disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

Pertinencia y alcances de la propuesta

¿En qué coadyuva esta propuesta a mejorar la gestión pública, así como el desarrollo del Estado?

a) En que los ayuntamientos hagan un uso adecuado, racional de los recursos públicos, diseñando, elaborando, implementando y evaluando sus programas municipales de manera que sean coherentes con el Plan Estatal de Desarrollo

b) Se tenga una mayor rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos;

c) Se fortalezcan a los ayuntamientos como unidad de gobierno, mejorando la calidad de sus servicios;

d) Fortalecer las finanzas de los ayuntamientos, previniendo se tomen riesgos innecesarios en perjuicio de la población.

¿En que ayudará esta propuesta a prevenir la corrupción?

Esta propuesta se elabora dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, al fortalecer el sistema de rendición de cuentas y transparencia desde una perspectiva preventiva en donde se otorga a todos los actores de la sociedad las herramientas para que todos coadyuven a mejorar las finanzas y políticas públicas municipales.

Así mismo, sobre el Procedimiento de Aprobación o Rechazo de los Informes Finales de la Auditoría Pública en los cuales determinen la totalidad de cargos de un ejercicio fiscal y que el monto rebase el 10% del total del presupuesto, previo a la votación en este Pleno del Congreso del Estado, se llevará a cabo la evaluación de la documentación aclaratoria, a través de un perito experto en la materia y así poder determinar la autenticidad de los mismos, agendándose para su aprobación o rechazo una vez emitido el dictamen pericial.

 

Por un Gasto Público Inteligente y Democrático

Con su permiso presidente,

Compañeros diputados:

En la fracción Parlamentaria del PRD consideramos que la única manera de dar garantía al apropiado uso de los recursos públicos es con la participación de todos, buscando desde un enfoque preventivo, evitar riesgos financieros para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, sobre todas las municipales.

En el caso de los municipios de Jalisco, tenemos a Guadalajara como el segundo municipio del país con mayor endeudamiento, así como Zapopan que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional, ascendiendo a las cantidades de $2 mil, 680 millones 701 mil 760 pesos, y $ mil 297 millones de pesos respectivamente, de acuerdo a la información financiera que cuenta el Gobierno del Estado (1). Ante esta circunstancia el Instituto Mexicano para la Competitividad en su Índice de Información Presupuestal Municipal 2015 recomendó emplear mecanismos que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar el correcto funcionamiento de los ayuntamientos.(2)

Ante este reto, proponemos reformar la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria del Estado de Jalisco y sus Municipios con objeto de dotar a la población y al Gobierno de las herramientas para incorporar de manera preventiva las figuras de la Declaratoria de Quiebra Municipal así como la Declaratoria de Riesgo en la Operación de Programas Municipales, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización.

Con estas dos instituciones jurídicas se pretende que con el consenso y las recomendaciones necesarias, se cuente con un sistema de investigación y

prevención para los ayuntamientos que pudieran estar en riesgo financiero y en posibilidad de incumplir con su función sustantiva.

Esto se hace para que se puedan corregir los factores que incidan en dicha circunstancia, tomando las medidas adecuadas a tiempo. Además, se faculta a la Auditoría Superior para que pueda contar con la opinión de expertos para que, de manera conjunta con los ayuntamientos, se logre trabajar para fortalecer desde el diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Sólo en casos extremos se contempla sancionar a los funcionarios que resulten responsables del incumplimiento con las medidas que se contemplen, facultando al Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que habrá de integrarse en armonía con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (3) para que se interpongan las acciones legales que correspondan incluyendo el juicio político contra las autoridades señaladas.

Así mismo, sobre el Procedimiento de Aprobación o Rechazo de los Informes Finales de la Auditoría Pública en los cuales determinen la totalidad de cargos de un ejercicio fiscal y que el monto rebase el 10% del total del presupuesto, previo a la votación en este Pleno del Congreso del Estado, se llevará a cabo la evaluación de la documentación aclaratoria, a través de un perito experto en la materia y así poder determinar la autenticidad de los mismos, agendándose para su aprobación o rechazo una vez emitido el dictamen pericial.

En un ánimo de innovación y participación responsable, exhortamos su apoyo en esta propuesta para disminuir la deuda pública, prevenir riesgos financieros para que el ayuntamiento siga siendo un pilar del pacto federal, y de consolidación de un gasto público que sea inteligente y democrático.

Muchas Gracias.

(1) Jalisco. Gobierno del Estado. Información Fiscal. Deuda Pública. Informes de Deuda Pública abril 2016. (vi agosto 2016) disponible en: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/deuda_publica_mensual_abril_2016.pdf

(2) IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2015 (IIPM) (vi julio 2016) disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2015-iipm/

(3) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016

 

Iniciativa de Ley que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización.

 

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE:

Con fundamento en la facultad que otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I, 150 y 153 párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; los que suscriben, la C. Diputada Mónica Almeida López, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y el C. Diputado Saúl Galindo Plazola, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa de ley que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO INTERNACIONAL

La globalización ha traído consigo un entorno singularmente complejo, caracterizado por cambios vertiginosos y profundos en prácticamente todos los órdenes de la vida económica y social de la humanidad. Este fenómeno está imponiendo enormes retos a los gobiernos de cada país en materia de competencia y productividad de la actividad económica, y de eficiencia y calidad en el desempeño gubernamental, tanto en las estructuras institucionales, como en los ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas. La revolución de la información y los cambios tecnológicos y científicos que han hecho posible la globalidad, han impactado notablemente la relación entre el funcionamiento de los mercados y la gestión estatal, en un contexto político marcado por la extensión del modelo democrático. Este proceso no ha sido terso, pues junto a los avances económicos alcanzados, se han presentado crisis recurrentes y resultados diferenciados en materia social.

Lo anterior ha generado como consecuencia, que los diseñadores y ejecutores de las políticas públicas, al evaluar críticamente estos resultados, sean más perceptivos y tiendan a mostrar una

comprensión más aguda de la relevancia que tiene la calidad institucional sobre el buen desempeño económico.

Derivado de esta evaluación crítica, se ha comenzado a observar en gobiernos en varias latitudes que han aplicado reformas a su marco jurídico interno en materia de fiscalización, con la finalidad de adaptar a las nuevas realidades de la globalización, sus instituciones sociales y políticas. Así, con el avance de la democracia y la mayor pluralidad política, los cambios institucionales se han orientado a fortalecer el sistema de contrapesos, tan necesario para consolidar los procesos democráticos. La experiencia internacional demuestra que un entorno de alta calidad institucional es una condición sine qua non, para que pueda garantizarse un crecimiento y desarrollo económico más estable y duradero. En este conjunto de transformaciones institucionales alrededor del mundo, destaca el creciente peso que se otorga a las entidades de fiscalización superior.

El crecimiento registrado en el tamaño del gobierno, su mayor complejidad y la participación cada vez más demandante de la sociedad, han impuesto como cuestión prioritaria la evaluación de las operaciones del gobierno en todos los niveles, con énfasis en la rendición de cuentas.

Asimismo, que el mantenimiento de los objetivos específicos de auditar el uso apropiado y efectivo de los fondos públicos; vigilando el

desarrollo de una administración financiera sana; una adecuada ejecución de las actividades administrativas públicas; y una comunicación expedita de los hallazgos encontrados, tanto a las autoridades públicas como al público en general a través de la emisión de reportes objetivos; es una tarea necesaria para la estabilidad y el desarrollo de los Estados.

CONTEXTO NACIONAL

Las entidades de fiscalización superior se han desarrollado en ese contexto de cambios en las condiciones políticas y económicas, y en las expectativas acerca del papel del gobierno y de la gestión pública. En lo particular, la preocupación creciente por una gestión pública de calidad orientada a resultados, ha incidido de manera fundamental en la conducta de los organismos fiscalizadores, situación que se ha traducido en una estructura de auditorías más especializada. Antaño, las auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores se concentraban en el cumplimiento de la legalidad y en los aspectos financieros generados de las aplicaciones presupuestarias.

A lo largo de las diversas modificaciones a la propia Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco, surge la necesidad de perfeccionar la norma para hacer más eficiente la labor de fiscalización, combatir la corrupción, así como acotarse y adaptarse a las reformas a nivel federal y apegarse a los lineamientos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es por ello que derivado de los diversos componentes que conforman esta labor, queda claro que existen muchas lagunas aun en nuestra legislación estatal, para buscar la eficiencia y obligar a los entes auditados a que lleven a cabo la comprobación de su gasto de manera transparente y eficiente y buscar los mecanismos para que de esta misma manera la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado coadyuven en la evaluación y determinación de cargos en los casos que así se requiera.

Dentro de este contexto nacional han surgido dos reformas constitucionales trascendentales para el adecuado manejo de los recursos públicos en las materias de disciplina financiera y en materia para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, ambas del mes de mayo de 2015 (1). La primera enmienda representa un cambio singular para el adecuado uso de la hacienda pública, ya que establece condicionantes para que el Gobierno en sus diversos niveles se pueda endeudar.

Esto se hizo ante los crecientes niveles de deuda en los que han incurrido los ayuntamientos así como varios gobiernos, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de la administración pública. A manera de ejemplo el Instituto Mexicano para la Competitividad en su índice de Información Presupuestal Municipal 2015 (IIPM) recomendó la necesidad de emplear mecanismos que garanticen un uso adecuado de los recursos públicos para que no se caiga en este caso. (2)

En el caso de Jalisco, tenemos a Guadalajara como el segundo municipio con mayor endeudamiento del país, así como Zapopan que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional. Si bien se tratan de deudas que pueden ser pagadas, y las cuales ascienden a $2,680 millones 701 mil 760 M.N., y $1,297 millones M.N, de acuerdo a la información financiera que cuenta el Gobierno del Estado (3), es importante que se tomen medidas adecuadas para que no sean tan elevadas.

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016, además de las medidas ya señaladas, las entidades federativas y municipios deberán de adoptar un régimen que garantice que sus presupuestos sean sostenibles, de conformidad con el artículo 6 de dicho ordenamiento jurídico cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. (4)

Esto implica que al realizar las respectivas leyes de ingresos y de egresos se debe aplicar criterios que garanticen que efectivamente se va a dar un uso adecuado a los recursos públicos. En este tenor, también se contempló en el artículo 5 y 18 de esta legislación el que todo presupuesto estatal y municipal deberá de ser acorde a los planes estatales y municipales de desarrollo, y los programas derivados de los mismos incluyendo necesariamente “objetivos anuales, estrategias y metas” (5).

De allí se desprende que toda posible erogación de recurso cuenta con un marco normativo, es decir, con una teleología axiológica encaminada a ampliar y desarrollar el pleno disfrute de los derechos humanos de la población, acorde al paradigma post positivista que ha venido a coadyuvar a consolidar nuestra democracia constitucional desde junio de 2011.

Es importante para lograr dicho cometido que el sistema de fiscalización sea pertinente. De lo contrario, todo el sistema no logra operar de manera adecuada. Con independencia de que se haya incorporado un sistema de alarmas en la legislación secundaria en materia de disciplina financiera, son las auditorías estatales las que cobran un papel importante para vigilar que los recursos públicos se usen atendiendo a las finalidades, con programas para lograr que la gestión pública sea acorde a que nuestra sociedad sea una con base en la dignidad humana.

Para fortalecer dicha postura, la reforma constitucional de mayo de 2015 incorpora por primera vez el sistema nacional anticorrupción, y en julio de 2016 se desarrolla a través de las legislaciones secundarias, y contempla el rol importante que tienen los órganos de fiscalización estatal, al incorporar a la Auditoría Superior de la Federación dentro del Comité Coordinador de dicho sistema, así como el órgano encargado de dirigir los esfuerzos para integrar el Sistema Nacional de Fiscalización para homologar los sistemas de vigilancia y auditoría de los recursos públicos. (6)

Inclusive la fracción II del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, eje importante dentro del sistema nacional anticorrupción, menciona que la Auditoría Superior de la Federación pueda emitir recomendaciones, o emplear demás actos para garantizar que los recursos públicos federales se apeguen al Plan Nacional de Desarrollo. Se muestra así como el tópico del uso de los recursos públicos responde a un uso responsable de éstos, en donde lo importante es que éstos se traduzcan en resolución a los problemas que vive la ciudadanía ante una gestión pública coherente con los valores democráticos contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta visión es acorde con los convenios internacionales en materia corrupción de los que México ha sido parte como es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual en su artículo 9º se señala la importancia que tiene realizar una adecuada vigilancia de los recursos públicos que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, y pone énfasis al final del artículo en adoptar medidas que prevengan riesgos en el uso de los recursos y logren en su caso implementarse medidas correctivas.(7)

PROBLEMÁTICA

Si bien los instrumentos jurídicos que recientemente a nivel nacional se han incorporado para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar un mayor nivel de eficacia y eficiencia, consideramos que son insuficientes, ya que se requiere implementar medidas preventivas que logren mejorar el uso funcional de los recursos públicos.

Entre las diversas medidas que se han adoptado en el marco del sistema de disciplina financiera y de combate a la corrupción, se adopta un paradigma en su mayor parte sancionatorio, sin que trascienden un enfoque de prevención que sea acorde para remediar cualquier tipo de situación irregular en este sector. Sobre todo en el Estado de Jalisco, en la legislación actual en materia de fiscalización, el que un servidor público sea omiso o incumpla con rendir sus informes en materia de gestión financiera, denominación que se le otorga al señalar sobre el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de resultados acordes a los planes estatales de desarrollo, sólo amerita a lo mucho una multa de 500 días de salarios mínimos. (8) Se trata de un enfoque que además de buscar la punición, no se justifica el por qué debe traducirse en esos montos, cuando inclusive, podrían ser mayores.

Es necesario que se incluya una postura que sea eminentemente preventiva, y que se aplique un ámbito sancionatorio mayor en caso que se incumpla con lo que marque la ley. Lamentablemente, al no ocurrir esto, se corre el riesgo que sigan los mismos vicios, sin que se atiendan los problemas de una gestión pública adecuada de fondo.

Analizando por ejemplo al ya citado ordenamiento jurídico nacional en materia de disciplina financiera, el sistema de indicadores para determinar situaciones ante riesgos en dicha materia deja un margen bastante amplio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los casos en los que se incurre en endeudamiento con observaciones o elevado. (9) Es importante por lo tanto que, en aras de complementar dicha legislación, sin contrarrestarla, se pueda analizar el nivel de deuda atendiendo a un fenómeno que hasta la fecha no se ha legislado, el de la quiebra municipal.

En contra de esta postura se podrían sostener dos cuestiones, una consistente en que si financieramente es posible que un ayuntamiento puede entrar en quiebra; y la otra, consistente en si es viable jurídica y políticamente hablando. En el primer supuesto se podría afirmar que toda vez que el cabildo es un ente que siempre recibe de alguna u otra manera alguna aportación económica, entonces jamás entraría en este supuesto, lo cual es impertinente. Reiterando el alto nivel de discreción con el que cuenta la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas para determinar las medias a emplear en caso de un endeudamiento elevado, sin que la población cuente con la seguridad jurídica de que serán adecuadas, ni que se traducirán en un alto grado de funcionamiento.

Esta primera cuestión es equivalente a tener la falsa creencia de que siempre quien esté en la administración tendrá la suficiente sapiencia para que las medidas financieras sean adecuadas, o que sin importar el nivel de ingresos que reciban podrán proyectar presupuestos sostenibles, alejándose de aquellas prácticas nocivas que puedan desfavorecer a la población.

El segundo argumento que se podría usar en contra de legislar la figura de la quiebra municipal consiste en que implicaría un sistema de alarma que inhibiría las inversiones a favor de diversos municipios. Se podría afirmar que es preferible un sistema de alertas amplio como el que ya se incluye a nivel federal a uno que establece supuestos fijos en caso de incurrir en deuda desmedida como el caso de una quiebra declarada, ya que les daría mayor previsibilidad a los inversionistas en el pago de los créditos que tengan a su favor.

Esta inferencia es inverosímil ya que todo depende a que como se pueda configurar dicha figura. Lo que no cabe es desconocer que se da este fenómeno en la realidad, el cual requiere una regulación adecuada, con el enfoque preventivo ya mencionado, sobre todo para prevenir desfiguraciones cuando los estados de deuda de los municipios son investigados y dados a conocer por los medios de comunicación. A manera de ejemplo, en el 2012, el Maestro Antonio Rocha Santos especialista en derecho administrativo detalló que 80 de 125 municipios no contaba con la suficiencia financiera para hacer frente a sus obligaciones, menguando así la facultad que tienen para poder funcionar de manera adecuada.(10)

Sin embargo, jamás se precisa que se entiende por quiebra municipal cuando salen a la luz estas circunstancias, y en que supuestos se puede catalogar como tal. Lo que si queda claro es que es factible que así como ocurre en las empresas, los municipios lleguen a un estado de insolvencia frente acreedores, lo cual pueda comprometer la calidad en la gestión pública. Por ende, el ser omisos en legislar un hecho que puede ser apreciable desde distintas ópticas puede ser contraproducente para mantener unas finanzas públicas municipales que permitan el desarrollo de dicho nivel de gobierno.

Problemática en la ejecución de los Planes Estatales de Desarrollo

En este mismo sentido, se reitera que la reducción de la emisión de recomendaciones e imposición de multas ante el incumplimiento de las entidades federativas en relación a la aplicación adecuada de los objetivos y programas relativos a los planes estatales de desarrollo resulta contraproducente, al obviar la dimensión preventiva que podrían realizar los entes fiscalizadores de los recursos públicos.

Siendo que para las democracias constitucionales contemporáneas es importante que la gestión pública sea de calidad, tal como lo señala la Carta Democrática Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública de la cual México es parte (11), es indispensable que los entes públicos pero sobre todo, los municipios cuenten con sistemas de prevención ante cualquier riesgo en el incumplimiento de sus programas presupuestarios, objetivos o metas a alcanzar.

En Jalisco es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas quien se encarga de cumplir con este cometido al ser su función principal el desarrollo sostenible de todo el Estado; sin embargo, atendiendo al contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco también debe ser más proactiva en diagnosticar cualquier riesgo en la labor preventiva en su íntima vinculación con el ejercicio de los recursos públicos.

De no atender esta circunstancia, se corre el riesgo de que varios municipios se queden rezagados en una nueva dinámica de gestión pública que requiere la población, cuando precisamente, cada vez es más importante que los ayuntamientos empleen una visión más científica y técnica del quehacer público, donde se implemente a cabalidad un marco lógico que sea capaz de traducirse en resultados.

En este tenor cabe traer a colación las recomendaciones hechas por CESJAL en su obra intitulada “La agenda global de desarrollo y las políticas públicas en Jalisco”, de marzo de 2016, en donde en sus conclusiones muestra que en el Estado se requieren implementar centros y formar personal capacitado en materia de políticas públicas, sobre todo a nivel municipal.(12) Es por ello que es de gran importancia que ante la necesidad de empezar a construir la infraestructura y personal adecuado en este sector, se requiere que se aprovechen las instituciones existentes para que de manera preventiva, se vayan tomando las medidas que sean pertinentes.

PROBLEMÁTICA RELACIONADA A SOLVENTAR OBSERVACIONES

Otra problemática que se da en materia de fiscalización consiste en que el ente auditado al tener la obligación de presentar documentación aclaratoria en el momento oportuno ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco previo al primer informe, en un segundo momento en el caso en que se remita informe con cargo ante el Congreso del Estado de Jalisco, el propio ente auditado tiene la oportunidad nuevamente de presentar los documentos que solventen dichas observaciones para una nueva evaluación por parte de la auditoria, de ahí se deriva que si persisten dichas inconsistencias en el segundo informe final devuelto de la Auditoria al Congreso del Estado, según sea el caso, se someten a votación dictámenes con cargo que en pleno son rechazados, entendiéndose así que no se toma en cuenta la evaluación técnica de auditoría, apartándose del informe y dándole un sentido contrario a la imposición de cargos, tomándose como base para rechazar los cargos o responsabilidades, opiniones técnicas e integración de anexos con documentación aclaratoria, lo que desencadena suspicacia de la real procedencia de dicha documentación, al tomarse las mismas, como pruebas supervenientes, a lo que la propia comisión de vigilancia de buena fe integra los documentos y en la mayoría de las ocasiones bajo esta premisa se rechaza el cargo exonerando a los funcionarios responsables de los cargos fincados.

Es por ello que existe la imperante necesidad de evitar que se siga esta práctica en el Congreso, que se tenga la certeza de que no están exonerando del cargo a funcionarios que causaron daño al erario o que exista corrupción en asuntos de esta naturaleza, razón por la cual el alma de la presente iniciativa versa en una fiscalización exhaustiva, precisa y con certeza jurídica, en la cual se busca que cuando el total de los cargos señalados por el informe final rebase del 10% del monto correspondiente al presupuesto anual del ente auditado respecto del año fiscal de que se trate se tendrá que llevar a cabo la revisión precisa de la documentación aclaratoria a través de un perito experto según sea el tipo de documento, el cual deberá emitir un dictamen en el cual se tenga la seguridad y la fidelidad del documento controvertido, y de esta manera evitar la creación de documentación falsa o posterior a los actos observados, burlando de esta manera el principio y el espíritu de fiscalización, teniendo como consecuencia que en caso de determinarse como documentación falsa o posterior a la fecha señalada en el documento, se tenga por aprobado el cargo que se contiene en el informe final de Auditoría.

PROPUESTA

Atendiendo a lo anterior es que se propone por un lado adicionar un capítulo III al Título Quinto a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el cual se denominará “De las medidas preventivas en materia de deuda municipal y gestión financiera”, con la finalidad de incorporar el

articulado por el cual se incorpore la figura de la quiebra municipal así como las acciones jurídicas que se podrán tomar, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para prevenir riesgos financieros sobre todo en el sector municipal.

Tratándose de la primera figura, se propone que se defina a la quiebra municipal como la declaratoria jurídica que hace la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en donde se muestre insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento. Para que opere dicha declaratoria, se incorporará un sistema de investigación, donde cualquier persona incluyendo a los integrantes del ayuntamiento, puedan dar a conocer a la Auditoría Superior del Estado que un municipio se encuentre en los siguientes supuestos que a continuación se enuncian:

a) Ante el incumplimiento por parte de los entes obligados de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Este primer supuesto permitirá que cualquier persona, pueda ser un vigilante responsable ante el uso adecuado de los recursos públicos en caso que la Auditoría Superior del Estado no actúe por oficio ante dicho supuesto;

b) El que no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento. Este supuesto toma su origen de la Ley de Concursos Mercantiles, debido a que requiere un alto nivel de endeudamiento para que proceda, el cual podría ser inclusive concurrente aunque no necesariamente con el anterior. Por otro lado bajo este tenor, se estima que los ayuntamientos piensen de manera prudente el tipo de deudas que podrán contraer estableciendo límites en especial con diversos proveedores.

c) La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder llevarlos a cabo debido a un uso indebido de los recursos públicos. Este supuesto tiene como objeto que los ayuntamientos apliquen esquemas de financiamiento inteligentes a efecto de no afectar programas que incidan a la población, evitando que se puedan crear de esta manera elefantes blancos que sólo acaban debilitando la legitimidad de las instituciones municipales.

El hecho de que se haya propuesto que cualquier persona pueda iniciar una investigación, se debe a que las finanzas públicas no es un

mero asunto entre partes como sería en un pleito privado. A toda persona le compete el conocer la situación financiera de su ayuntamiento, pudiendo tomar las medidas cuando los recursos que realmente le pertenecen, se ponen en riesgo.

De esta manera se permite una participación social proactiva que incida en las finanzas públicas. En cada supuesto se establecen candados, donde se deba demostrar la situación, evitando denuncias frívolas ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que tengan un afán de persecución política.

Además, se propone que el primer órgano que conozca de estos supuestos ante una solicitud de investigación sea la Auditoría, previniendo que un ánimo político sea el motor de las investigaciones que se desprendan de los hechos mencionados. De conocer la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, dado el carácter político del Poder Ejecutivo, el partido que esté en el gobierno fácilmente podría tergiversar u obstruir cualquier hecho.

En cambio, la Auditoría, por ser un ente que trasciende las diversas administraciones públicas, y cuyos integrantes son elegidos vía examen de oposición; con el añadido que ahora integrará parte de un Sistema Estatal Anticorrupción liderado por un Consejo Ciudadano, la investigación se encuentra protegida ante estos supuestos.

Una vez presentada la solicitud de investigación, se propone que la ASEJ, en un plazo no mayor a diez días naturales la admita o la deseche de plano, pudiendo prevenir hasta en una ocasión al solicitante para que en un plazo no mayor de cinco días naturales enmiende las inconsistencias que se detecten en ésta. Admitida la solicitud de investigación, la ASEJ hará uso de sus facultades de verificación, analizando cuentas públicas anteriores, sin que por esto se desprenda que abrirá nuevamente dichas cuentas, o en su caso solicitando la información que requiera de los entes municipales para llevar a cabo la investigación.

Se contempla que este periodo de investigación dure un plazo no mayor de treinta días naturales, informando en cada caso a los entes competentes de lo que será en su momento el Sistema Estatal Anticorrupción, y llevando a cabo las mejores prácticas internacionales, a efecto de que al final, se elabore un expediente preventivo de recomendaciones financieras a llevar a cabo por parte de los ayuntamientos para que ya sea en el corto, mediano o largo plazo pueda solventar las inconsistencias y evitar la posible situación de quiebra, y el cual se turnará a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que complemente las recomendaciones que estime pertinente, haciendo las anotaciones correspondientes en el Registro Estatal de Deuda Pública.

En cada caso se estará notificando al ayuntamiento correspondiente para que a su vez, éste pueda señalar lo que a su derecho corresponda, buscando ante todo crear un intercambio de ideas y opiniones para poder fortalecer las finanzas municipales.

Dicho expediente deberá de contemplar los siguientes supuestos:

a) Diagnóstico financiero del ayuntamiento;

b) Factores financieros de riesgo;

c) Opiniones de expertos;

d) Medidas a tomar con sus debidos plazos; y

e) Firma Autógrafa en su caso Electrónica del Auditor Superior del Estado

Este expediente permitirá otorgarles una oportunidad a los ayuntamientos de enmendar aquellas situaciones que lo pongan en riesgo de que se declare una quiebra municipal. En cambio, en caso de que el ayuntamiento sea omiso en responder a los señalamientos que se desprendan del expediente se prevé entonces que la ASEJ

comience el proceso para emitir una declaratoria de quiebra municipal. Éste estará integrado por las siguientes etapas:

a) Elaboración de dictamen de quiebra municipal en donde la ASEJ:

i. Informa el incumplimiento del ayuntamiento de las medidas que debería de adoptar;

ii. El riesgo financiero en el cual incurre el ayuntamiento de no adoptar dichas medidas; y

iii. Las acciones financieras que deberá llevar a cabo el ayuntamiento.

b) Notificación del dictamen a la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Congreso del Estado a efecto de que elaboren de manera conjunto un dictamen de declaratoria de quiebra municipal el cual:

i. Integre las demás acciones que considere pertinentes;

ii. Se modifiquen las leyes de ingresos y presupuestos de egresos para garantizar que en la emisión de la declaratoria se cumplan las medidas para subsanar los riesgos financieros y los incumplimientos incurridos por los ayuntamientos;

c) Turno del dictamen de declaratoria de quiebra municipal al Pleno del H. Congreso del Estado de Jalisco para que:

i. Se integren observaciones finales, las cuales se podrán incorporar a la Declaratoria Final, previa aprobación de la mayoría de los presentes, a efecto que se envíen al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, cuyo titular deberá, en un plazo no mayor de quince días naturales, instruir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas lleve a cabo las medidas necesarias para que no se afecte la planeación municipal;

ii. La Auditoría empiece a vigilar las finanzas municipales para que el ayuntamiento no incurra en actos irregulares y se ciña de manera completa a la declaratoria.

Se propone que a través de este proceso el ayuntamiento afectado esté presente, así como la SEPAF y la ASEJ, a efecto de que se pueda negociar hasta en una ocasión el aplazamiento de la declaratoria. En un primer supuesto, las comisiones de vigilancia y hacienda, escucharán a la ASEJ, a la SEPAF y al Ayuntamiento, en caso que este último solicite el aplazamiento. Si la ASEJ o la SEPAF dan el visto bueno a favor del ayuntamiento, las comisiones votarán el aplazamiento de la declaratoria o su negativa a efecto de que ésta se turne al Pleno del H. Congreso del Estado.

Si la mayoría de los integrantes del Pleno del H. Congreso del Estado que estén presentes determina el aplazamiento, situación que también se dará en caso que no se logre la mayoría requerida, la ASEJ con las directrices y plazos que fije de manera conjunta en materia de Planeación SEPAF, vigilarán que ésta se lleve a cabo.

Si se da nuevamente un caso de incumplimiento por parte del ayuntamiento, se propone que la ASEJ informe de dicha circunstancia a las comisiones mencionadas, incluyéndose las observaciones finales, turnándose a su vez éstas al Pleno, en donde participe la SEPAF para complementar éstas en lo que estime conveniente, previa votación mayoritaria de los participantes ya señalados, a efecto que una vez que se aprueben éstas ante la Asamblea del Poder Legislativo se lleve a cabo en su integridad la declaratoria.

En caso de que ocurra de nuevo el incumplimiento, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en armonía con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,13 para que interponga juicio político, o las acciones legales que correspondan en contra de los funcionarios que resulten responsables, haciendo prueba plena del incumplimiento señalado para los efectos legales correspondientes.

Esto permitirá que se garantice, de manera complementaria el sistema de alertas del sistema de disciplina financiera, y el adecuado uso de los recursos públicos, en un sistema transparente en donde la población también sea parte.

Por último, se propone crear la figura de la declaratoria de riesgo en la operación de programas municipales, el cual seguirá el mismo procedimiento en los siguientes supuestos:

a) El municipio no cuente con programas municipales de manera fehaciente;

b) No exista correspondencia y/o coherencia manifiesta entre los recursos, metas, indicadores y objetivos correspondientes a un determinado programa o entre varios que deben de estar necesariamente correlacionados; o entre uno o varios que debiendo de estar conectados no guarden una relación lógica necesaria con el Plan Estatal de Desarrollo; y

c) La mayor parte de los programas municipales no tiene relación manifiesta alguna con el Plan Estatal de Desarrollo o se muestra en su momento de manera plena que la mayor parte son de imposible realización.

Esta segunda declaratoria también es importante, ya que también permitirá el que se modifiquen las leyes de ingresos y egresos municipales, pero sobre todo, el que se refuerce la estructura municipal como nivel básico de gobierno, tal como lo contempla el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que en ningún momento se estaría violentando la autonomía hacendaria municipal, ya que, de conformidad con el nuevo sistema de disciplina financiera, así como el Sistema Nacional Anticorrupción, se permiten este tipo de medidas al momento que la Carta Magna Federal permite que las legislaturas locales determinen los montos de endeudamiento de este nivel de gobierno.

Atendiendo a la problemática relacionada con la necesidad de solventar observaciones de la ASEJ, se propone adicionar los artículos 89 Bis y 89 Ter contemplando tutelar en todo momento los principios rectores de la ley en mención, como lo son la legalidad, confiabilidad, certeza e imparcialidad, con esta medida se estaría implementando de manera real y no como un ideal estos principios, donde al Congreso del Estado de Jalisco le compete aprobar previo análisis y evaluación, la medición y revisión del desempeño de los órdenes de Gobierno Estatal y Municipal, más sin embargo a pesar de apoyarse en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco para emitir un acto jurídico, tiene la facultad de aparatarse de lo dispuesto por los informes finales siempre y cuando se encuentre fundado y motivado tal y como se establece en el artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que se traduce que la fundamentación y motivación versa sobre los documentos aclaratorios y los razonamientos por los cuales no se pudieron comprobar en el momento procesal oportuno, de ahí deviene que nuestra legislación no cuenta con el mecanismo adecuado para poder evaluar la fiabilidad de los documentos, por lo que existe esta carencia legal que no genera certeza para un posible rechazo de cuenta pública con cargos.

La Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado quien es el órgano técnico profesional e interdisciplinario del Congreso del Estado encargado de auxiliar a la Comisión en su tarea de fiscalización y revisión de informes finales de cuenta pública, es menester señalar que no cuenta con los elementos técnicos ni humanos para determinar la confiabilidad de los documentos, ya que solo se acotan

a la conformación de un expediente y su relación con las observaciones de auditoría, así como los elementos técnicos y jurídicos aportados por los entes para poder presentar de manera fundamentada y motivada los elementos necesarios de convicción a los diputados para un rechazo del dictamen con cargo.

EFECTOS ECONÓMICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES DE LA INICIATIVA

De aprobarse esta propuesta tendrá la pertinencia económica consistente en que transformar el paradigma presupuestario municipal en uno que sea responsable, en constante cambio para beneficio de la sociedad, e inteligente, en donde participe la sociedad de manera activa y conjunta con el Gobierno para el beneficio de ésta. Sobre todo, tiene la pertinencia de hacer el gasto público más funcional, a efecto de que, desde una óptica preventiva, se eviten riesgos financieros en pasivos o en programas presupuestarios inviables.

En cuanto a los costos que ésta reforma representa para la población, dependerán en gran medida de la manera en la que se apliquen estas reformas. Sin embargo, a efecto de garantizar su viabilidad, se contemplará un transitorio con la finalidad de que una vez aprobada, su entrada en vigor será a la par del Sistema Estatal Anticorrupción. De esta manera se logra una

homologación adecuada, sin sobrepasar los límites de esta coyuntura de trascendencia para el Estado de Jalisco.

En lo jurídico, esta propuesta tienen la pertinencia consistente en fortalecer la seguridad jurídica de la población, coadyuvando a consolidar el Estado de Derecho, delimitando el ámbito de discrecionalidad de los municipios de manera adecuada, sin violar su autonomía hacendaria constitucional, en donde la población tendrá conocimiento pleno de los movimientos financieros de estos entes públicos, pudiendo intervenir ante irregularidades manifiestas. En este tenor, cabe resaltar que en ningún momento se estará violando el debido proceso del ayuntamiento a través del procedimiento propuesto, pudiendo exhibir las pruebas que considere adecuadas, a efecto de buscar en la negociación y el consenso, soluciones viables poniendo en el centro a la población.

En lo social, se estima que esta propuesta fortalecerá la legitimidad de las instituciones municipales, así como de las Estatales, a efecto de dignificarlas dentro del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, y en su momento, en la implementación del Estatal. Sobre todo, atendiendo a una visión profesional de investigación, que busque eliminar redes de corrupción, pero desde una perspectiva de buena fe, esta propuesta transformará la visión que las personas tienen de este nivel de gobierno, para que sea un motor de gobernanza en la dignidad y los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I y 148 párrafo 1, 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; sometemos a consideración de esta Asamblea Legislativa bajo los términos propuestos, la siguiente:

INICIATIVA DE LEY que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización para quedar como sigue:

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y AUDITORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO QUINTO

Del Procedimiento de Revisión de Cuentas Públicas o

Estados Financieros por la Auditoría Superior

CAPÍTULO III

De las medidas preventivas en materia de deuda municipal y gestión financiera

Artículo 66 Bis.-Será de interés público el establecimiento de las medidas preventivas que se mencionan en este capítulo con la finalidad de evitar que los ayuntamientos incurran en situaciones de riesgos financieros, o en incumplimiento generalizado de programas, objetivos y metas de éstos en el uso adecuado de los recursos públicos.

Artículo 66 Ter.-Serán obligatorias para salvaguardar el interés público las investigaciones, medidas, recomendaciones y más acciones que la Auditoría Superior del Estado de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y los demás entes públicos mencionados en este capítulo para lograr los cometidos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 66 Quáter.-Se considerará quiebra municipal la declaratoria que haga el H. Congreso del Estado en donde se

muestre fehacientemente la insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento.

De oficio o a petición de cualquier ciudadano, se podrá iniciar un proceso de investigación, por escrito, cuando un ayuntamiento incurra en los siguientes supuestos de probable quiebra municipal ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, adjuntando para tal efecto los documentos probatorios que muestren fehacientemente dichas circunstancias:

1. Ante el incumplimiento de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices por parte de los entes obligados cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

2. El que no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; y

3. La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder

llevarlos a cabo por un uso indebido de los recursos públicos.

Artículo 66 Quinquies.-Se considerará condición de riesgo en la operación de los programas municipales, cuando se realice declaratoria por parte del H. Congreso del Estado en donde se muestre fehacientemente el que éstos son inexistentes; o representan inconsistencias desde su diseño, elaboración, implementación o evaluación; o el que guardan incompatibilidad con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo. De oficio o a petición de oficio se podrá denunciar por cualquier ciudadano el que se den los siguientes supuestos, adjuntando las pruebas que muestren plenamente éstos a efecto que los entes públicos competentes se pronuncien en su momento si se verifican o no:

1. No exista correspondencia y/o coherencia manifiesta entre los recursos, metas, indicadores y objetivos correspondientes a un determinado programa o entre varios que deben de estar necesariamente correlacionados; o entre uno o varios que debiendo de estar conectados no guarden una relación lógica necesaria con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo; y

2. La mayor parte de los programas municipales no tiene relación manifiesta alguna con los Planes Estatal y

Municipal de Desarrollo o se muestra en su momento de manera plena que la mayor parte son de imposible realización.

Artículo 66 Sexies.-En los supuestos de ambos artículos precedentes se seguirá el procedimiento común que se menciona en este capítulo, en donde las pruebas se valorarán de manera libre atendiendo a las reglas de la lógica y sana experiencia. En caso que a través del procedimiento se detecten otras irregularidades, se tomarán las acciones legales que correspondan. Además, se atenderá que en todos los casos se lleven a cabo las mejores prácticas internacionales en su investigación.

Artículo 66 Septies.-Las personas que soliciten iniciar proceso de investigación ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco por considerar que un municipio se encuentre en los supuestos contemplados en los artículos 66 Quáter y 66 Quinquies, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Nombre del o los solicitantes de la investigación, señalando domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; en caso de ser persona pública se seguirán los lineamientos contemplados en las leyes respectivas;

2. Ayuntamiento que incurre en los supuestos mencionados;

3. Los antecedentes con los responsables que dieron pie a que se de los supuestos que se mencionan;

4. El conjunto de pruebas que se adjuntan para mostrar el que el ayuntamiento se encuentra en los supuestos en cuestión;

5. La argumentación jurídico y fáctica que muestra de manera manifiesta que el ayuntamiento se encuentra en cualquiera de los supuesto que se contemplan;

6. Firma o firmas autógrafas o en su caso electrónica de quienes promueven la solicitud de investigación en cuestión

En el caso de recibir más de una solicitud de investigación, la Auditoría determinará acumularlas a la primera que se presente o desechará justificando lo anterior.

Artículo 66 Octies.-Una vez que se presente la solicitud de proceso de investigación, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en un plazo no mayor a diez días naturales la admita o la deseche, pudiendo prevenir hasta en una ocasión al solicitante para que en un plazo no mayor de cinco días naturales enmiende las inconsistencias que se detecten en ésta. Iniciado el proceso de investigación, la Auditoría hará uso de sus facultades de verificación, analizando cuentas públicas anteriores, sin que por esto se desprenda que abrirá nuevamente dichas cuentas, o en su caso solicitando la información que requiera de los entes municipales para llevar a cabo la investigación.

Artículo 66 Nonies.-Se notificará al ayuntamiento correspondiente para que a su vez, éste pueda señalar lo que a su derecho corresponda, buscando en cada caso crear un intercambio de ideas y opiniones para poder fortalecer las finanzas municipales, abriendo un expediente de recomendaciones preventivas para cada situación que contemplará los siguientes elementos

a) Diagnóstico financiero del ayuntamiento;

b) Factores financieros de riesgo;

c) Opiniones de expertos;

d) Medidas a tomar con sus debidos plazos; y

e) Firma autógrafa o en su caso electrónica del Auditor Superior del Estado.

Artículo 66 Decies.-En caso que el ayuntamiento sea omiso en responder a los señalamientos que se desprendan del expediente, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco comenzará el procedimiento para emitir una declaratoria de quiebra municipal o de riesgo en la operación de los programas municipales. Éste estará integrado por las siguientes etapas:

1. Elaboración de dictamen correspondiente en donde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco informa al ayuntamiento:

a) El incumplimiento de las medidas que debería adoptar;

b) El riesgo en el cual incurre de no adoptar dichas medidas; y

c) Las acciones que deberá llevar a cabo.

2. Notificación del dictamen a la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Congreso del Estado a efecto de que elaboren de manera conjunta un dictamen de declaratoria correspondiente el cual:

a) Integre las demás acciones que considere pertinente;

b) Se modifiquen las leyes de ingresos y presupuestos de egresos para garantizar que en la emisión de la declaratoria se cumplan las medidas para subsanar los riesgos financieros y los incumplimientos incurridos por los ayuntamientos;

3. Turno del dictamen de declaratoria al Pleno del H. Congreso del Estado de Jalisco para que:

a) Se integren observaciones finales, las cuales se podrán incorporar a la Declaratoria Final, previa aprobación de la mayoría de los presentes, a efecto que se envíen al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, cuyo titular deberá, en un plazo no mayor de quince días naturales, instruir a la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas lleve a cabo las medidas necesarias para que no se afecte la planeación municipal;

b) La Auditoría empiece a vigilar las finanzas municipales para que el ayuntamiento no incurra en actos irregulares y se ciña de manera completa a la declaratoria.

Artículo 66 Undecies.- Durante dicho procedimiento se dará participación a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que pueda proponer ante las Comisiones señaladas las observaciones y demás acciones y medidas que desee complementar, siempre que éstas sean avaladas por la mayoría de los integrantes presentes en cualquier etapa.

El procedimiento señalado en el artículo que antecede no podrá tener una duración mayor a cuarenta días naturales, permitiendo que hasta en una sola ocasión se pueda aplazar la declaratoria a petición del ayuntamiento, de la Auditoría o de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas. Para tal efecto se realizará lo siguiente:

1. Una vez iniciado el procedimiento, y en un plazo no mayor de cinco días naturales de notificados el ayuntamiento y la SEPAF del inicio de éste, podrá solicitarse por

parte del ayuntamiento, la Auditoría, o la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, el aplazamiento de la declaratoria a las comisiones ya mencionadas en donde se funde y motive las causas para el aplazamiento, las medidas a emplear; y en donde se muestre que no existe riesgo de ningún tipo al otorgarse.

2. Dicha petición deberá resolverse en un plazo no mayor a quince días naturales en donde las comisiones en cuestión, escucharán a la Auditoría superior del Estado, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y al ayuntamiento en cuestión, resolviendo lo conducente

3. Ambas comisiones votarán el aplazamiento de la declaratoria o su negativa a efecto de que se turne al Pleno del H. Congreso del Estado para los efectos correspondientes. En caso que se conceda el aplazamiento se redactará el dictamen atendiendo al sentido de la votación en donde se señalarán los plazos a los que debe ceñirse el ayuntamiento para solventar lo observado.

4. Si la mayoría de los integrantes del Pleno del H. Congreso del Estado que estén presentes determina el aplazamiento, la Auditoría Superior del Estado con las

directrices y plazos que fije de manera conjunta en materia de planeación la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, vigilarán que éstos se lleven a cabo.

5. Si se da nuevamente un caso de incumplimiento por parte del ayuntamiento, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco informará de inmediato de dicha circunstancia a las comisiones mencionadas, incluyéndose las observaciones finales, en donde participe la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas para complementar éstas en lo que estime conveniente, turnándose a su vez éstas al Pleno, previa votación mayoritaria de los participantes ya señalados, a efecto que una vez se aprueben éstas ante la Asamblea del Poder Legislativo se lleve a cabo en su integridad la declaratoria.

6. En caso de que se determine que no es de aprobarse el aplazamiento solicitado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco comenzará el procedimiento para emitir una declaratoria de quiebra municipal o de riesgo en la operación de los programas municipales como corresponde.

Artículo 66 Duodecies.-La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informará al Consejo Ciudadano del Comité Coordinador

del Sistema Estatal Anticorrupción para que interponga juicio político, o las acciones legales que correspondan en contra de los funcionarios que resulten responsables del incumplimiento con las medidas contempladas en el aplazamiento, o en la declaratoria que se emita, haciendo prueba plena de todo lo actuado para los efectos legales correspondientes.

TÍTULO OCTAVO

Del Informe Final de las Cuentas Públicas o Estados Financieros

Capítulo II

Del Procedimiento de Aprobación o Rechazo de los Informes

Finales de la Auditoría Pública

Artículo 89 bis. Tratándose de informes finales en los cuales determinen la totalidad de cargos de un ejercicio fiscal y que el monto rebase el 10% del total del presupuesto de egresos del ente auditado, previo a la votación en Pleno del Congreso del Estado, se llevará a cabo la evaluación de documentos presentados como documentación aclaratoria para ser

dictaminados, a través de un perito experto en la materia y así poder determinar la autenticidad de los mismos, agendándose para su aprobación o rechazo una vez emitido el dictamen pericial.

Artículo 89 ter. En los casos señalados en el artículo anterior, se solicitará perito correspondiente al tipo de documento o documentos controvertidos de que se trate, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 37 fracción XV de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.”

SEGUNDO.-Dichas medidas se empezarán a regir una vez que se apruebe en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 11 de agosto de 2016

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco

LXI Legislatura

C. DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

C. SAÚL GALINDO PLAZOLA

INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

(1) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en Orden Cronológico. (mayo 2015) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

(2) IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2015 (IIPM) (vi julio 2016) disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2015-iipm/

(3) Jalisco. Gobierno del Estado. Información Fiscal. Deuda Pública. Informes de Deuda Pública abril 2016. (vi agosto 2016) disponible en http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/deuda_publica_mensual_abril_2016.pdf

(4) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. (abril 2016) Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(5) IDEM.

(6) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (julio 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(7) Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (octubre 2003) disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

(8) Biblioteca Virtual. Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. (mayo 2008) disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx

(9) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Leyes Federales Vigentes. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

(10) 44 Contenido Multimedia. En quiebra más de 80 municipios de Jalisco. (septiembre 2012) disponible en: http://udgtv.com/node/10567

(11) CLAD. Centro Iberoamericano de Administración para el Desarrollo. Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. (octubre 2008) disponible en: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view

(12) Cesjal. Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Recomendaciones. (marzo 2016) disponible en: http://www.cesjal.org/recomendaciones/recomendacion-para-la-incorporacion-de-los-lineamientos-de-la-agenda-global-de-desarrollo-en-el-proceso-de-diseno-implementacion-monitoreo-y-evaluacion-de-las-politicas-publicas-en-el-estado-de-jalisco-y-sus-municipios-

 

Por

Posicionamiento ante el trabajo de la Alcaldesa de Tlaquepaque

martell

A quien corresponda:

Muy lejano quedó aquél 7 de Junio de 2015 cuando los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, salieron dispuestos a votar por la tan ansiada alternancia. Los colores novedosos de la contienda auguraban un gran futuro, como también suelen ser las modas pasajeras. Pero como reza lo que bien suena como un viejo proverbio: “más tardo en raparme, que en darme cuenta de que no es lo que en realidad quería”. Hoy en día tenemos la evidencia de la ilusión rota, manifiesta en María Elena Limón García, la Alcaldesa de Tlaquepaque.

Hablamos de un personaje que no es capaz de gobernar ni siquiera a su propio Ayuntamiento. Lo grave del asunto es que esa ingobernabilidad que posee al interior, permea en todo el municipio. A la Alcaldesa, se le ha ido en enredarse en pleitos constantes, desacuerdos contra las fuerzas de su propio partido, contra fuerzas externas, incluso la funcionaria ha llegado al grado esquizoide de pelar hasta con su propia sombra. Vive la Alcaldesa enredada en desacuerdos con cualquier persona, animal o cosa, que dé muestras de discrepancia hacia la sagrada voluntad de hacer lo que le venga en gana.

Se ha impuesto una agenda tan complicada que no es de sorprender que en último lugar de sus pendientes esté gobernar en beneficio de las y los ciudadanos de su municipio. Nos referimos a los mismos que depositaron en ella la confianza para velar por los intereses de la ciudadanía en general, y no sólo por los intereses de aquellos que en campaña gritaban a los cuatro vientos que no eran iguales los políticos tradicionales.

Cuando le preguntaron sobre las necesidades imperantes que tenía y tiene el municipio, contestó (quiero imaginar) como aquel carismático personaje de la cáustica serie de Los Simpson que gobierna por eternidad la ciudad: “Esto requiere verdadero liderazgo, y como primera acción de gobierno me subiré el salario”. Hay que verlo así, de otra forma es difícil comprender que esa acción acompañe la realidad de arrebato, insuficiencia y depredación por parte del actual gobierno municipal de Tlaquepaque.

De verdad resulta frustrante aumentarse el salario haya sido su primera maniobra de gobierno, y que ya ha casi un año sea lo único que se recuerde. Eso sin contar con el maremoto de despidos y movimientos de cargos y funciones en su administración.

En ese mismo tenor de agravios a los ciudadanos de Tlaquepaque, la falta de cumplimiento de las promesas de campaña nos hacen recordar los viejos tiempos del “atole con el dedo”. Y es que la revocación de mandato fue una de las principales ofertas de campaña del partido que gobierna en turno, y nuestra Alcaldesa en un acto de magia, lo desapareció como tema de las sesiones de cabildo.

Por eso los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, exigimos al gobierno municipal, que cesen las pugnas internas y que en verdad se dedique a resolver las necesidades del municipio. Le recordamos que los partidos políticos son entidades sociales, con la misión específica de garantizar la prosperidad de las comunidades, no la propia.

Exhortamos al Congreso del Estado que ahora que se está tratando quitar el fuero a la clase política, para que también se estipule la figura del delito de fraude en el claro entendido de engaño subyacente cuando un candidato ofrece algo en campaña y no lo cumple, como es el caso de la ya mencionada revocación de mandato. Es necesario esto para que quede tipificado en el código penal del Estado Jalisco, que el político que mienta a la ciudadanía con una oferta democrática incumplida, incurrirá en dicho delito.

Se trata de poner el ejemplo de que la clase política emergente, sí está tratando de hacer las cosas de manera distinta, que sí se está trabajando en la ardua misión de recobrar la confianza en la ciudadanía, o al menos esa es la postura del único partido de izquierda en este país, el Partido de la Revolución Democrática. Recordemos, si no somos nosotros quienes vamos a luchar por la igualdad de clases y del derecho, porque la ley trate igual al mendigo que al príncipe, por el acceso a los Derechos Humanos Universales integrales, entonces, ¿Quién lo hará? #QuiénVaLuchar.


ATENTAMENTE
Lic. Marthell Bracamontes Serrano

Tlaquepaque, Jal.

1° de Agosto de 2016
Presidente del comité municipal de San Pedro Tlaquepaque
Partido de la Revolución Democrática

Por

4to. Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda

 

 Captura de pantalla 2016-08-02 a las 20.05.58

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

A TRAVÉS DE LA

 

SECRETARÍA DE

EQUIDAD DE GÉNERO

 

CONVOCA

A militantes, simpatizantes y mujeres líderes de los comités municipales, a participar en

El 4to. Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda:

 

Liderazgo político de las mujeres y paridad de género

 

 Hacia la consolidación de la red de mujeres de izquierda

A realizarse el próximo 6 de agosto, de las 10:00 a las 19:00, con sede en Tomatlán, Jalisco.

Distrito 5  y  18. Sede Tomatlán.

 

El encuentro está dirigido a mujeres líderes de izquierda que participan en la militancia de los comités municipales del PRD  y para líderes de movimientos sociales interesadas en los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres simpatizantes del partido.

Objetivo: Fortalecer el liderazgo y promover la participación política de las mujeres en el contexto de la construcción de la estructura de la

Organización de Mujeres de Izquierda del PRD Jalisco y su incursión en la

esfera pública.

Se llevará a cabo en: Calle Angel Chavarria no. 75 entre Galeana y Privada del Camprsino, Colonia Centro.

El encuentro se realizara en la casa de la Comunidad Indigena.

Para mayor información e inscripciones en el correo: secreriadeigualdaddegenero@gmail.com y al teléfono: al Cel. 3310962201

A T E N T A M E N T E

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

Guadalajara, Jalisco; a 26 de julio 2016

Lic. Gabriela Juárez Piña

SECRETARIA DE EQUIDAD DE GÉNEROS

PRD Jalisco