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Zapotillo: la encrucijada hídrica

Dipútada Local, Celia Fausto Lizaola. Presidenta de la Comisión de Administración del Congreso del Estado de Jalisco.

Dipútada Local, Celia Fausto Lizaola. Presidenta de la Comisión de Administración del Congreso del Estado de Jalisco.

Recientemente el Gobierno de Jalisco daba a conocer que la Presa El Zapotillo será construida con una cortina de 105 metros de altura sobre el embalse del río Verde. En un comunicado establece su apego al dictamen emitido por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA, argumentando que la construcción de diques para contener el agua del embalse, representan un peligro permanente, toda vez que con la presión del agua en cualquier momento se pueden derrumbar, debido a la fragilidad del suelo donde se cimentarían estas dos murallas de doce metros de altura cada uno por casi medio kilometro de largo entre ambos; concluyendo que por seguridad de los habitantes de ese poblado deben aceptar su reubicación, ofreciéndoles garantía de una aceptable indemnización por sus casas y tierras de cultivo.


En un segundo momento, hace énfasis en que la obra hidráulica ayudará a erradicar el desabasto de agua que padecemos los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Siendo estos, los dos argumentos centrales del Poder Ejecutivo, no toma en cuenta que el 23 de marzo, el director de la cuenca Lerma-Santiago Pacífico, ya había expuesto el problema técnico de los diques y su elevado costo, por lo que se convierte en un repetidor tardío de un funcionario menor del gobierno federal; igualmente pasa por alto mencionar que la presa se construye a modo del gobierno de Guanajuato.

El Ejecutivo estatal se muerde la lengua al señalar que por fallas de suelo, los diques de protección a Temacapulín, podrían colapsar en cualquier momento, sin considerar que la mecánica de suelo es la misma del sitio donde se levantaría la cortina de 105 metros de altura y de 320 metros de longitud. El gobierno no es del todo honesto cuando sólo señala los beneficios al AMG y a la región de los Altos, pero no explica que por intereses transexenales se ve obligado a ceder parte de la soberanía estatal a favor de otro gobierno.

Publicado en: http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/12669.html

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PRI: Y el autoritarismo, ahí sigue

Autoritarismo: esa es la palabra. El autoritarismo en el PRI, propio a su naturaleza, poco a poco emerge, generando de nuevo un estado de cosas que resulta agraviante para los jaliscienses en pleno siglo XXI. Y no hablo de una forma abstracta ni conceptual del autoritarismo, sino, de su forma más lacerante: la que se manifiesta en todo el peso de la injusticia del Estado como entidad de poder, contra la condición inerme de un simple ciudadano.

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Jalisco

Juan Carlos Guerrero Fausto, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Jalisco.

Para el caso, me refiero al joven Miguel Ángel Sevilla Gutiérrez, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) trató de incriminar como uno de los que participaron en la agresión a policías municipales en el estadio Jalisco el pasado día 22 de marzo en el partido de Chivas contra Atlas. Luego de aquellos lamentables hechos, y ante una opinión pública que exigía respuestas ante los desmanes, a los agentes Cristian Julio Antonio Torres Pimentel, policía investigador, y el jefe de grupo José Guadalupe Flores Tovar, de la FGE se les hizo fácil y a la vieja usanza del infame Servicio Secreto que operó en la Guadalajara de los años setenta,  apresar a un inocente para salir al paso de la presión de la sociedad, y mediante una estrategia absurda de manipulación, trataron de incriminar al joven como parte de los indiciados en los hechos.

El argumento de los “investigadores” hoy cesados, fue la media filiación del joven inocente detenido, con la de uno de los auténticos participantes. Incluso, para lograr un efecto más creíble, los hoy ex agentes de la FGE, disfrazaron con una cachucha idéntica a la que el verdadero agresor portaba el día del partido, para que no quedara duda de que Miguel Ángel Sevilla era el culpable. Familiares, amigos, medios de comunicación tomaron cartas en el asunto, y pronto ante la injusticia, la sociedad generó una ola de indignación tal que, la FGE tuvo que desdecirse de la acusación, propiciando con ello, la liberación del joven inculpado.

El hecho nos consternó gravemente a los jaliscienses, pues nos remite a la pregunta que siempre gira en torno al sistema judicial mexicano: ¿Cuántos de los miles de presos que saturan las cárceles, se encuentran ahí en base a la construcción deliberada de culpabilidades, de confesiones, como consta legalmente en el caso del joven Miguel Ángel, extraídas mediante tortura? Ante el escándalo, el director de la FGE, Luis Carlos Nájera, dio la noticia de la destitución de los malos elementos, en un ardid que nos demuestra cuál es el nivel de compresión que tiene de la impartición de la justicia. Es decir, en Jalisco, la posibilidad de que un joven pase injustamente varios años en la cárcel, equivale para la FGE, a un portentoso jalón de orejas para los agentes que incurrieron en la terrible falta. El castigo ejercido en contra de los agentes de la FGE, no se compara en lo más mínimo respecto al daño que estuvieron a punto de ocasionarle a un inocente.

Sí, el autoritarismo ejercido por el gobierno de Aristóteles Sandoval en contra de un ciudadano inocente, se manifestó en el embuste de los agentes, pero también se manifestó de manera continuada en la forma en que a dichos agentes se les perdonó su gravísima falta. El autoritarismo del que he vendido hablando a lo largo de este artículo, quedo manifiesto en la afirmación el joven Miguel Ángel Sevilla al señalar que fue torturado para obtener una declaración a modo. El autoritarismo se manifiesta en la intimidación de la que fueron víctimas familiares y amigos del muchacho agraviado a la hora de estarlo defendiendo. Este caso, no sólo es la historia de una vulgar cachucha incriminatoria, sino la evidencia comprobatoria de que dentro de la FGE, aún siguen operando agentes en la lógica de la supremacía ‘a como dé lugar’ del Estado sobre los derechos de los ciudadanos. Eso es el autoritarismo.

El caso de Miguel Ángel Sevilla Gutiérrez es emblemático y deberá quedar para la historia, puesto que nos permite introducirnos como espectadores a las alcantarillas de la Fiscalía, dejándonos ver cómo es que ahí se preparan las cosas. La enseñanza es que es el ciudadano y sus cercanos, deben poner en juego sus limitadas fuerzas, para demostrarle al aparato policiaco y judicial del Estado, la inocencia de una persona. Por otro lado y ya para cerrar esta reflexión, debo decir que los agentes de la FGE deben ser sometidos a un estricto control sobre la manera en que realizan sus investigaciones.

Expertos ajenos a esa institución deben hacer exámenes científicos al modo en que dichos agentes constituyen y efectúan las metodologías de sus investigaciones. Esto para no dejar duda alguna sobre la validez de una secuencia investigativa que pudiera derivar en posibles detenciones. Desafortunadamente, el principio utilizado por agentes como los hoy cesados, se basó en la certeza atroz de que los ciudadanos somos ingenuos, que no pensamos, que somos incapaces de discernir la realidad. Vamos, pensaron engañar a toda una sociedad que es hoy día más culta y está mejor informada, con una vil cachucha. En el intento, dejaron clara la manera en que ellos, agentes de la FGE, imaginan y piensan a la sociedad. Están seguros de que los jaliscienses somos incapaces del análisis. Así nos perciben. Y no pueden pensar de otra manera en tanto no sea saneado de fondo, la lógica autoritaria que el PRI le ha devuelto desgraciadamente, a la vida pública de los jaliscienses.

Publicado en: http://www.lajornadajalisco.com.mx/2014/04/16/pri-y-el-autoritarismo-ahi-sigue/

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Transporte público: todo cambia para seguir… peor

Juan Carlos Guerrero  Fausto

Tras la tragedia de los estudiantes de la Preparatoria 10, en la que se involucró un camión de la ruta 368 del servicio público, resulta más que desalentador encontrar que en algunas de las encuestas que se han hecho en los diarios locales, la respuesta recurrente de los jaliscienses sea que no ven ningún cambio sustancial. Por el contrario, los usuarios perciben que el número de unidades en circulación han descendido de manera notoria, haciendo con ello aún más tortuosos los de por sí ya insufribles traslados.

Pasada la estéril alharaca gubernamental para meter en cintura a los permisionarios, lo único que se ha comprobado, es que los accidentes continúan con el mismo caudal de estragos materiales, heridos y muerte de todos los años. En pocas palabras, el trasporte urbano en la ciudad sigue detentando el nada codiciado primer lugar como enemigo público para los jaliscienses.

Es decir que luego de la desdicha, no hay indicios de que las cosas se vayan a componer en corto tiempo. Por el contrario, han surgido en los últimos días notas de la detección y detención de choferes alcoholizados o bajo el influjo de la cocaína. En las paradas de los camiones continúan las aglomeraciones de usuarios, siendo el terrible corredor del Periférico –lugar donde ocurrió el accidente– el mejor ejemplo de que el trasporte público sigue siendo la mejor expresión del infierno en la ciudad.

Luego de casi un mes del accidente, parece que nadie se inmuta, ni el gobierno del estado, ni los permisionarios, ni los funcionarios de la Secretaria de Movilidad. De hecho, las notas de mayor tono que han surgido luego del accidente son contradictorias, van de la afirmación al retiro de cerca de 25 permisos a la noticia de que en realidad el Ejecutivo del estado prácticamente no ha tocado ni con el pétalo de una rosa las concesiones, ni las subrogaciones de la ruta 368 de la Alianza de Camioneros de Jalisco.

Esta ambigüedad resulta sin duda, de una total falta de interés por parte del sistema de comunicación del gobierno de Jalisco para dejarles claro a los jaliscienses cual es el curso de la justicia sobre aquel terrible hecho. Hoy día, a tres semanas del accidente en la Preparatoria 10, el escenario se presenta más que desalentador, vil y desdeñoso nuevamente para al usuario. Luego de la agitación de los primeros días, luego del fatídico hecho, pareciera que algo grande iba a ocurrir: las marchas, la presión social, el hartazgo de la población, el alzamiento de voces en el congreso contra quienes en su afán de explotación extrema pasan por encima de la vida misma, indicaba que algo iba a suceder. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, lo que se nos vino encima fue el mismo esquema de siempre.

El gobierno estatal no encuentra más responsables que el infeliz chofer implicado en el accidente, se pierde de vista a los concesionarios, se minimiza el carácter infrahumano del trabajo que desempeñan miles de choferes, se minimiza la condición bestial –no hay otra palabra– que debemos padecer los jaliscienses como usuarios del trasporte público, y todo “vuelve a la normalidad”. Luego de este oscuro pasaje en la historia de nuestra ciudad, la enseñanza es mayúscula para todos los jaliscienses: No esperemos nunca que un gobierno de extracción priísta vaya a hacer algo en contra de –sus ya comprobadísimos aliados– los concesionarios del trasporte público. Está claro en la historia trágica que deriva de la muerte de la joven estudiante María Fernanda Vázquez y de sus compañeros heridos de la Preparatoria 10, que entre el gobierno del estado y los sectores sociales desprotegidos –que a diario deben padecer el patético sistema de trasporte colectivo– hay un divorcio no sólo de carácter social, sino, político.

Aristóteles Sandoval no dio la cara como gobernador por todos esos estudiantes, por los heridos, ni por la sociedad entera, que agraviada, aún permanece indignada por la falta de justicia. La falta de justicia a la cual me refiero empieza con la falta de claridad por parte del ejecutivo sobre el castigo impuesto a los concesionarios. Para el caso que nos ocupa, la ambigüedad no es otra cosa que complicidad. No se les toca como antes dije, ni con el pétalo de una rosa.

La enseñanza de esta historia está más que clara: nada hará el gobierno del etado por garantizar y proteger la calidad de vida ni de los choferes ni de los usuarios, los actores que –al fin de cuentas y como siempre– salen perdiendo en esta historia. Tanto el chofer del trasporte público como el usuario, son por igual las víctimas sociales de esta trama eterna de explotación descarnada entre un pequeño sector social (los concesionarios y el gobierno del estado) en contra de las mayorías, de esos miles de choferes que sobreviven con salarios miserables que los llevan a exponer sus vidas, las vidas de los demás con tal de cumplir con las voraces exigencias de los dueños de los permisos.

Por otro lado, en las paradas del transporte público, se agolpan esos otros –ahora sí– cientos de miles de usuarios, que a pesar de pagar un boleto de pasaje que suponemos, les daría el derecho a viajar cómodamente en un asiento, con dignidad y limpieza, resulta que no es así.

Irónicamente, el pasajero paga un boleto para ser trasladado –y disculpen la expresión, pero la tomo del propio argot de los usuarios– como animal: apiñado inmisericordemente con otras decenas de personas que a diario soportan el mismo martirio.

Ahí donde nosotros como usuarios vemos y vivimos la degradación social –ofrecida por un servicio aterrador–, el permisionario ve el negocio de su vida, el permisionario ve “productividad”, ahí es que los concesionarios y el gobierno ven la “realización de la inversión privada”, misma a la cual nada le importa la forma en que las ganancias sean alcanzadas.

No hay congruencia entre los intereses de los usuarios ni de los concesionarios, y lo peor del caso, no hay hasta ahora por lo visto un gobierno capaz y decidió a ponerle fin a esta interminable situación, que lo único que garantiza, es que la extensa línea de muerte y mala vida que genera para los jaliscienses el trasporte público, continúe de manera perpetua.

Como siempre, se nos acusará a los militantes del Partido de la Revolución Democrática como extremistas por poner las cosas claras. Se nos acusará de radicales y rijosos por exigir un trasporte a la altura de los jaliscienses. Pero por esta ocasión, sólo nos queda remarcar que nos ha quedado más que claro –y luego de que nada ha pasado, luego del accidente de la Prepa 10–, que a los concesionarios, el hecho de que un usuario exija ser tratado con dignidad, sin duda les parece algo “radical”.

Está claro que en el mundo de las ganancias infinitas de los concesionarios, la exigencia de un trato digno para los pasajeros, es una pretensión que atenta contra la sacrosanta inversión privada, y que fue inculcada por los “rojillos de la izquierda”. Así estamos en la actualidad en el tema del transporte público: con las cosas de cabeza. Lo repito: el que un usuario exija ser tratado como un ser humano les parece a los concesionarios –y al gobierno como su comparsa–, algo “radical”. Conforme a su visión de las cosas, nosotros por ser un partido de izquierda, somos “los radicales”. Y es por ello que en este panorama de la vida torcida, ni al gobierno ni a los multicitados permisionarios, les parece radical ni extrema, la larga lista de muertos, heridos, sufrimiento y daños materiales que un sistema envilecido de transporte colectivo deja –y seguirá– dejando por doquier.

* Presidente del PRD estatal

Publicado en: http://www.lajornadajalisco.com.mx/2014/04/01/transporte-publico-todo-cambia-para-seguir-peor/