Sí a la libre convivencia

Por: Mario Silva
En: Mural

Deberíamos dejar de una vez por todas el viejo y arcaico argumento de que Guadalajara y sus habitantes somos conservadores. Sobre todo porque es una afirmación que no se corresponde con la realidad: la metrópoli es un espacio de diversidad y pluralidad. Quiero expresarme con claridad. No estoy diciendo que nuestra ciudad es cosmopolita y multicultural. Hablo de la existencia de realidades distintas y la necesidad, en principio, de respetarlas. La diversidad sexual y la existencia de múltiples formas de vivir una familia son dos claros ejemplos.

Lo anterior a propósito del debate que se ha abierto con la iniciativa de Ley de Libre Convivencia promovida en el Congreso del Estado por el diputado Enrique Velázquez y que ha sido criticada y señalada de manera negativa por personajes y grupos que se sienten identificados con una ideología específica cercana a lo conservador. Muy respetable por cierto.

Se trata de una propuesta legislativa que permite celebrar ante una autoridad, en este caso el Registro Civil, la unión de dos personas físicas de diferente o mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica, y que establezcan un hogar común con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. A diferencia de legislaciones más progresistas de otras partes del mundo, se trata de una propuesta que apenas y se pone en sintonía con los siglos de discriminación por orientación sexual. Y aun así, aquí nos quejamos.

Bajo argumentos basados en el miedo, se ha intentado construir una falsa percepción sobre esta iniciativa sugiriendo que abre la puerta al matrimonio igualitario o adopción por parejas del mismo sexo. Si así fuera el caso, nadie puede mandar en el ámbito emocional de una persona, ni siquiera el Estado, y ser padre o madre es una capacidad que nada tiene que ver con la orientación sexual. Pero vamos a desmenuzar algo del fondo de la discusión.

El verdadero debate es sobre derechos. Por eso preocupa la actitud de algunos legisladores en este tema al afirmar que harán “lo que la gente quiera” para no asumir un compromiso a favor de la no discriminación. Los derechos sociales no pueden estar sujetos a concursos de popularidad, ni a consulta o plebiscito como si se trataran de un favor que nos hacemos entre ciudadanos. Ojalá que los plebiscitos, referéndums y consultas se hicieran para otros temas que sí afectan a la calidad de vida de la gente, como en materia de agua, transporte o seguridad.

Estas actitudes en la clase política abren espacio a que se catalogue a la gente como ciudadanos de primera, segunda o tercera con el argumento de la orientación sexual. Eso es simple y sencillamente discriminación. Es inaceptable siquiera sugerir que la “normalidad” está representada por una forma de orientación sexual, la heterosexual. Se trata de una discusión superada incluso desde los años 70, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría enmendó la plana y reconoció que no podía tratarse a la homosexualidad como una patología. Seguir aferrándose a este discurso es vivir en el error y además, en el pasado.

Lo que algunos grupos opositores con tintes religiosos no han logrado explicar es la manera en la que reconocer esta posibilidad les perjudicaría. Estas personas seguirían con sus garantías individuales totalmente intactas y sin ningún cambio. Si alguien heterosexual quiere casarse o no, podrá seguir teniendo la opción de decidir. En el caso de una relación entre dos personas del mismo sexo no ocurre lo mismo. Lo injusto es para quienes quieren asumir plenamente sus derechos y se lo permiten.

Finalmente, a nivel global, la empatía e integración social, la no discriminación y el reconocimiento de derechos en materia de diversidad sexual es un hecho que llegó para quedarse. Podremos tardarnos unos cuantos años más o no. La realidad está instalada y será cuestión de tiempo avanzar hacia una sociedad donde la máxima de Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz” sea un hecho y no sólo palabras huecas. Al tiempo.