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El pez por su boca muere

Lo grave viene cuando un gobierno, cegado por la incolumidad de su autoimagen, se niegua a asumir errores y omisiones

Juan Carlos Guerrero *.- Imposible distraernos del curso que han tomado las cosas en Jalisco, respecto al reciente desastre ambiental ocurrido en la presa de Acatlán de Juárez. Al momento es ya de todos sabido que la fuente del ecocidio se encuentra en el municipio de Tlajomulco, lugar donde un par de contenedores estuvieron filtrando melaza durante tres días seguidos a los afluentes de la ya multicitada presa. La respuesta de las autoridades municipales de Tlajomulco, ha sido tratar de extender las culpas señalando que el asunto no es sólo de su responsabilidad. El presidente municipal de ese ayuntamiento, Ismael del Toro –quien arribó a ese puesto por parte de Movimiento Ciudadano (MC)–, ha venido declarando últimamente que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), también es culpable de la tragedia ecológica, lo mismo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Esta última, según sus palabras, porque sabía desde fines de junio del derrame de melaza, pero que no actuó dado que no le correspondía.

Por otro lado, Del Toro acusó a la primera de no haber cumplido con eficacia una de sus funciones básicas, la de identificar en las aguas residuos de manejo especial. Alzados en estos argumentos, en los que la culpa se distribuye –y se diluye– mientras a más instituciones se involucre, es que han tratado de ir saliendo al paso las autoridades de Tlajomulco.

No parece importarles mucho contravenir el Artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, que suscribe al Estado mexicano mediante nuestra Constitución en la exigencia de cuidar el agua, “de regular la explotación (…) su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable”.

Como lo menciono, la estrategia de MC parece ser la de tratar de expandir las culpas. Para fortificar aún más una estrategia que les permita un respiro, Del Toro recurrió a la habitual exigencia de muchos funcionarios públicos escurridizos al verse perdidos: pedir, demandar, exigir que “no se politice” el tema del ecocidio. Bueno fuera que esa exigencia del presidente municipal de Tlajomulco, de “no politizar” el tema, sirviera como conjuro y detener con ello el debate abierto en contra de las omisiones de las autoridades de ese municipio. Desafortunadamente para él, desafortunadamente para la gente que conforma su grupo cercano de asesores, el tema del desastre ecológico que tiene sumidos en la incertidumbre a los habitantes de Acatlán y poblados circunvecinos, no es algo que pueda ser detenido mediante animosos conjuros.

El asunto del ecocidio es, por la naturaleza de sus alcances destructivos, un asunto político. El asunto del ecocidio es, por la naturaleza profunda de sus afectaciones económicas, un asunto político. El asunto del ecocidio es, por la naturaleza terrible de los daños humanos y sociales en que derivó, un asunto del todo político. Un ecocidio implica a toda una sociedad no sólo por el impacto directo en los pobladores de una determinada zona afectada, sino que dada la cultura del cuidado y respeto a la naturaleza en la que vivimos sumergidos en el siglo XXI, es algo que nos concierne como especie, como civilización.

Un signo de esa incumbencia internacional fue que Jalisco volvió a aparecer de mala manera en las notas del mundo. Decenas de periódicos y páginas vinculadas a la defensa de la ecología nos exhibieron como un estado sin leyes ni cuidado en el ámbito trascendente del cuidado del planeta. ¡Por supuesto que en ello subyace una profunda dimensión política!

Por ello es que el conjuro del presidente municipal de Tlajomulco para que “no se politice” el tema del ecocidio más que a risa, nos debe mover a la reflexión. Es un asunto sobre el cual se discute en las secundarias y en las universidades, en los barrios y en los congresos. La sociedad esta inmiscuida en el tema. A la sociedad le interesa saber el curso que han tomado las cosas. Es su derecho. Si los alcances de la magnitud de esa resonancia social se trasladan al campo de lo político, es algo que Del Toro no podrá impedir ni poniendo en juego todo su carisma y el de su grupo político.

Debo reiterar que es interesante ver que cuando ocurre un hecho que de alguna manera abolla la imagen de algún partido, de alguna administración o de algún connotado político, el recurso de defensa sea por lo regular el reclamo de que “no se politice”. Olvidan los que así proceden, que la acción –y en este caso la omisión– pública, son deberes contraídos con la ciudadanía, que al romperse adquirirán de manera inmediata un carácter político.

Del Toro se escuda bajo el argumento de que se está haciendo un linchamiento mediático de su administración, y en un ardid de defensa, y como lo comentaba yo al inicio de este texto, las autoridades de Tlajomulco presentaron hace unos días un mapa institucional de aquellos que según su análisis, son corresponsables en el desastre ecológico. En pocas palabras, reparte culpas.

El recurso de la administración de Tlajomulco es tratar de generar un juego de espejos, involucrar en el caso del ecocidio al mayor número de funcionarios e instituciones. Intentan sin reserva generar un correlato de culpabilidades compartidas que les permita salir del foco y dejar la impresión que lo ocurrido en la presa de Acatlán de Juárez es culpa de todos, y quizás…de nadie. En pocas palabras, politizan el tema.

Desafortunadamente para quienes integran el gobierno municipal de Tlajomulco, los eventos ya dieron de sí. Es decir, las evidencias sobre el derrame de melaza nos indican que hubo omisiones de los encargados municipales de Tlajomulco. Es ahí que se focaliza el punto de partida de algo que muy probablemente pudo haber sido evitado. Las autoridades de Tlajomulco quisieran que todo se olvidara, que las páginas se cierren y que mañana ya todo desapareciera.

Vemos pues, que ante el ecocidio, MC adquiere la forma de todo aquello contra lo que siempre dijo pelear. Pronto, muy pronto es que MC ha perdido el carisma justiciero y se ha escudado en tretas elusivas para explicarse ante la sociedad –para explicarse políticamente al fin de cuentas– que del todo, no son ellos los culpables de los trágicos eventos.

El recurrir a una explicación sistémica sobre las causas del derrame, pareciera y les da un poco de oxígeno a las autoridades de Tlajomulco. Lo que no pueden borrar ni eludir, son los costos sociales y políticos que derivan del hecho de que los jaliscienses sabemos, desde que se originó este desastre, que fue con las autoridades de inspección del gobierno de municipal de Tlajomulco que se dio el quiebre que derivó en el ecocidio.

La administración de Tlajomulco está aturdida por los efectos sociales y políticos en los que devino el tema del ecocidio en la presa de Acatlán, amén de que pende sobre sí una serie de posibles sanciones en corresponsabilidad respecto al desastre dadas las omisiones en que incurrieron los inspectores del ayuntamiento de Tlajomulco. Entre otras, las sanciones se ubican en el artículo 119, fracción XIV de la Ley de Aguas Nacionales, que señala como falta “arrojar o depositar cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua”.

En medio del desastre y fieles a una autoimagen, cultivada en las ficciones de la infalibilidad y la pureza, los funcionarios de Tlajomulco, con el presidente municipal al frente, se niegan a aceptar que un proyecto de gobierno conlleva riesgos, grandes riesgos. Asumir la responsabilidad de un ayuntamiento obliga a mucho. A pesar de eso, sabemos que los errores y los accidentes son intrínsecos a la naturaleza humana, y de ahí se sigue que la política, como una de las formas máximas de la acción humana, no está exenta de ellos.

Lo grave viene cuando una administración, cegada por la incolumidad de su autoimagen, se niegue a asumir el costo en que devino una serie de errores y omisiones acumulados que al fin de cuentas, envenenaron la vida toda de una presa, sustento directo de cientos e indirecto de miles de jaliscienses. Eso es lo verdaderamente grave, no el cuidado de la imagen de un grupo de políticos dispuestos a todo con tal de no manchar la perfección de sus trayectorias.

 

@carlosguerrerof

* Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal PRD Jalisco

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Con desinformación perdemos todos

El miedo no se puede imponer. El cambio es inevitable en sociedades democráticas, plurales y abiertas

Enrique Velázquez.- El miedo no se puede imponer. El cambio es inevitable en sociedades democráticas, plurales y abiertas. Nuestra iniciativa de libre convivencia es un intento por comprender el Jalisco en el que vivimos y proponer soluciones para brindar protección a los miles de jaliscienses que se encuentran fuera de la órbita de derechos del Estado. Tratar de atacar una iniciativa como ésta con desinformación, es buscar que sobrevivan los estereotipos, los miedos y los prejuicios por encima del debate racional, fundamentado y tolerante.

La iniciativa de libre convivencia es una propuesta que ha tenido extraordinaria recepción por parte de la sociedad tapatía. A diferencia de lo que se pensó, Jalisco dista mucho de ser el estado conservador que a veces creemos. 48% de los habitantes de esta urbe están a favor de encontrar una solución a las miles de uniones (heterosexuales y homosexuales) que no gozan de derechos y quedan al margen de la protección del estado. Solamente 30% se opone a una ley como la de libre convivencia que extiende derechos y tiene como objetivo principal dotar de certidumbre jurídica a todos aquellos que por su decisión o porque les tocó, deben compartir un hogar común. Negarle derechos a un conciudadano se reduce a una palabra: discriminación.

Nos acusan de que es una ley para minorías. De entrada, nos orgullece decir que libre convivencia es todo menos una ley con nombre y apellido. A diferencia del matrimonio y del concubinato que ponen límites a las personas que pueden alcanzar este estado civil, la libre convivencia está al alcance de todos como un único requisito: la voluntad de las partes. Sería, si se aprueba por el Congreso del estado, el único estado civil verdaderamente universal, el único realmente general. Sin embargo, dentro de estos alegatos contra la iniciativa percibimos una fobia por las minorías. ¿Acaso las minorías no merecen derechos? ¿Acaso un valor de la democracia liberal no es precisamente la protección a los minorías? Libre convivencia no es una ley de minorías, es para viudas, tíos, hermanos, compañeros de estudios, novios o quien sea sin importar su preferencia sexual, pero nos preocupa que haya esas muestras de discriminación contra las minorías.

Nos dicen que aprobar la libre convivencia es la puerta de entrada para legislar sobre matrimonio igualitario en unos años. Nosotros hemos dejado en claro que la libre convivencia no contempla ni matrimonio ni adopción, quien diga lo contrario solamente está desinformando de forma sesgada y sin argumentos. Ojalá tengamos la madurez necesaria para no invocar leyes ulteriores que nada tienen que ver con lo que debatimos en este momento. Si alguna vez el matrimonio igualitario se debate en el Legislativo, tendrá que presentarse otra iniciativa, esta no contempla ese tipo de unión.

La mayoría de los argumentos contra el proyecto de ley no son compatibles con una discusión en el marco de un Estado laico. Desde aquellos que dicen que el “matrimonio es un don” o que “Dios no lo permitiría”, detrás existe un nulo reconocimiento a la separación Estado-Iglesia que contempla nuestra Carta Magna. Cada quien puede tener sus creencias, yo las respeto, sin embargo no creo que ninguno de esos argumentos abone a una discusión terrenal y secular sobre la solución ideal para brindar protección a los miles de tapatíos que no tienen acceso a derechos y a certidumbre jurídica. Nosotros no tocamos el matrimonio, ese se queda igual. Simplemente proponemos una alternativa que desempantane una discusión que lleva atorada ahí muchos años.

La desinformación es el veneno de la democracia. Por eso llevamos dos meses socializando nuestra iniciativa: no queremos miedo, queremos esperanza. Sabemos que hay gente que se beneficia con esta situación de inmovilidad en un tema clave para garantizar los derechos humanos de todos. Estamos dispuestos a hablar con todos, pero siempre con argumentos racionales sobre la mesa. Desinformando nadie gana, perdemos todos.