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Emilio González Márquez y el deterioro de la democracia

Apuntes sobre el quebranto económico; Apuntes sobre el quebranto moral

Juan Carlos Guerrero.- En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenemos meses señalando lo que ahora por vías indiciales la Contraloría del Estado de Jalisco poco a poco está haciendo público. Nos referimos al quebranto ya inocultable que la administración presidida por ex gobernador panista Emilio González Márquez ha hecho del erario público. De ahí que reiteremos que no nos extrañan los abusos y la turbiedad en el manejo de los recursos que se ha dado a conocer durante los últimos días.

Fue la detención y posterior reclusión en Puente Grande de Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez −uno de los representantes de mayor cercanía a Emilio González y ex director del Siapa por el delito de peculado por mil 200 millones de pesos−, el primero de una serie de pasos dados por la Contraloría del Estado para ir avanzando en una intrincada trama de rutas secretas al interior de la pasada administración. Han sido esos seguimientos los que ahora llevan a Juan José Bañuelos Guardado, contralor del Estado de Jalisco a identificar una serie de anomalías en el gasto público que ronda en los cinco mil millones de pesos, esto en los ramos de realización de obras y el manejo administrativo, mismas que son imputables en responsabilidad al ex gobernador del estado.

Con la cifra de los cinco mil millones, estamos hablando de un 6.6% del total del gasto que ejerció el mandatario durante el año 2012. Por parte de la Contraloría, se han formulado hasta ahora, 387 observaciones dirigidas a las 16 secretarías y dependencias del Ejecutivo lo mismo que a 11 organismos públicos descentralizados.Avanzan en este momento así, las investigaciones, los cálculos, la inspección de las cuentas pasadas. En medio del trabajo de revisión, resulta imposible no mencionar otros elementos que vienen a darle un matiz más preocupante para el ex gobernador panista. Me refiero al actual contexto político nacional en que ocurren las pesquisas de la Contraloría sobre los cinco mil millones de pesos.

Por un lado tenemos al ex gobernador de Aguascalientes Luís Armando Reynoso Femat también de filiación panista, a quien ya se le dictó auto de formal prisión hace unos días por el delito de peculado. En un escenario semejante de investigaciones, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier fue arraigado la semana pasada por la PGR como presunto responsable del delito de peculado.

A este contexto de por sí ya complicado para Emilio González Márquez, hay que añadir la exigencia que varios senadores y diputados han hecho desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para lograr un punto de acuerdo mediante el cual están pidiendo al Congreso de Jalisco que habilite a la Auditoría Superior del Estado para que se realice una revisión exhaustiva a la administración del ex gobernador de Jalisco. En ese sentido, un sector de la clase política de Jalisco que se siente agraviado por el proceder del ex gobernador, ya está haciendo eco en ese reclamo surgido en el Congreso de la Unión y ha empezado a delinear los pasos para que se lleve a cabo dicha auditoría. Es de esperarse que ese gradual alineamiento de fuerzas políticas que se está dando a nivel nacional y el nivel estatal, terminará pronto por manifestarse en la postura de las actuales autoridades del gobierno del estado de Jalisco.

Apuntes sobre el quebranto moral

Más allá de la situación que aqueja hoy al ex gobernador y sus ex colaboradores, como presidente del PRD me gustaría destacar dos asuntos que resultan del trabajo de la Contraloría que sin duda son igual de graves que el descubrimiento del hasta ahora, presunto delito de peculado. En primer lugar, queda claro para los jaliscienses que las esclusas creadas por el propio gobierno del estado a lo largo de las últimas administraciones panistas, que se han basado en una supuesta apertura de información, supervisión y de vigilancia mediante dispositivos como la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, no son tan eficientes como creiamos.Y menos lo son si –al menos en el caso de Ocampo Velázquez− encontramos a este tipo de funcionario, decidido a explotar todas las formas habidas y por haber para aprovechar los resquicios legales e ilegales y desde ahí sustraer el capital del erario para su uso personal y el de sus cercanos, esto en detrimento de las necesidades de los habitantes del estado de Jalisco.

En segundo lugar, no hay que perder de vista otro tipo de quebranto que generan situaciones como las que hoy enfrenta Emilio González Márquez. Me refiero al quebranto moral, al profundo daño que casos como el presente, le ocasionan a la democracia, a la confianza de la ciudadanía en la labor política. Las truculencias implícitas en el presente caso, me remiten al sociólogo ingles Philip Abrams, quien en 1977 lanzó su célebre y demoledor artículo “Notas sobre la dificultad para estudiar el Estado”, un clásico en los estudios del poder estatal. En su escrito, Abrams habla sobre la imposibilidad que padece el ojo público para precisar las operaciones que los funcionarios realizan al interior de esa portentosa entidad conocida como el Estado. En su reflexión, Abrams señala que una de las más importantes tareas de algunos funcionarios es ocultar, falsear, hacer malabares con las apariencias y diluir la realidad en un juego de sombras.

En el caso que desafortunadamente hoy nos ocupa a los jaliscienses, vemos cómo la prestidigitación financiero-política por parte de algunos funcionarios de la pasada administración, no sólo ha destruidolas finanzas públicas, sino que también ha arrasado con las certezas democráticas de la ciudadanía respecto al uso de los recursos públicos. Sin duda, Emilio González Márquez tiene aún mucho qué explicarnos a los jaliscienses en la cuestión de los recursos, pero lo que sí veo improbable, es que el ex mandatario –luego de estos escándalos− pueda resarcir de ninguna manera el desprestigio que ha generado sobre su persona como “servidor público”.

@carlosguerrerof

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Los retos de la reforma financiera

La propuesta es ideal, de ensueño quizás. Pero aún falta establecer el cómo

Juan Carlos Guerrero Fausto*.- Fue en el Castillo de Chapultepec el pasado 8 de mayo, que el presidente de la República nos presentó a los dirigentes de los partidos políticos inscritos en el Pacto por México, la iniciativa de la reforma financiera.

La reforma financiera se compone de trece iniciativas mediante las cuales se pretenden modificar treintaicuatro leyes, siendo uno de sus propósitos centrales lograr una mayor flexibilidad en los usos crediticos, los cuales se dice, deben estar al alcance de la mayoría de los mexicanos.

Ese día, Enrique Peña Nieto habló ante el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión. Se encontraba en el acto Javier Arrigunaga Gómez del Campo, presidente de la Asociación de Bancos de México que agrupa a las 42 instituciones que forman el sistema bancario nacional. Se vio también a Agustín Carstens, gobernador del Banco de México quien no podía faltar a tan importante evento.

En la presentación de la propuesta de la reforma financiera, Peña Nieto hizo una brevísima historización sobre las bondades de la banca a partir de mediados de los 90. La banca según el presidente de la República, “entró en un proceso de reconstrucción continuo, responsable y serio”; esto siempre y cuando obviemos hablar de pequeños detalles como el catastrófico Error de diciembre y de los escándalos del Fobaproa, eventos en los que dicha banca jugó un papel determinante. Pequeños olvidos del señor presidente, pues.

Los banqueros presentes en el evento y los pomposos discursos tanto del presidente de la República como del secretario de Hacienda y Crédito Público el doctor Luis Videgaray dejaron en claro que de entrada, hubo ya un intento por beneficiar a la banca ese día, esto en lo concerniente a un asunto simbólico: sanear la imagen de los bancos, misma que muchos mexicanos experimentamos como una entidad negativa. Hablamos de la banca de los intereses excesivos que hacen que cualquier usurero se sonroje, la misma banca desinteresada –hasta ahora– por formar parte de las alternativas de financiamiento de la micro, pequeña y mediana industria, como parte estructural del desarrollo social.

Detrás de la reforma financiera se encuentra en primera instancia, el propósito político por parte del Estado mexicano de lograr una depuración de la imagen pública de la banca. Y si el mismo Peña Nieto lo aludió en su discurso al señalar que se debe acabar con la impresión de que ésta significa “problemas y vulnerabilidad”, es porque para la mayoría de los mexicanos la banca significa estrictamente eso: problemas y vulnerabilidad. En suma, es difícil colocar de un golpe a la banca mexicana, en el hit parade de la credibilidad de los mexicanos (que dicho sea de paso, ni es tan mexicana).

En medio de la euforia de relanzar por milésima vez a la banca como la gran madre protectora de los intereses de los mexicanos, Luis Videgaray aludiendo al presidente Peña Nieto repitió las palabras del mandatario al recordar lo que éste dijo en Acapulco durante la convención bancaria: “Estamos ante la oportunidad, por primera vez en décadas, de hacer una transformación del sistema financiero que no parte de la emergencia de una crisis, sino de la solidez de nuestra banca”.

No hay duda, que para el presidente de la República, al igual que para nuestro flamante secretario de Hacienda, los millones de mexicanos desempleados, y los millones más integrados a la economía informal –muchos de los cuales que por desgracia, pasaran a engrosar las filas del crimen– no representan hasta el momento una situación crítica.

Esta es la situación que viven millones de mexicanos que sobreviven a las malas en esa franja clandestina de la economía informal, franja en la que −según datos del Inegi para este pasado mes de abril−, se encuentra que el 29.35% de la población ocupada. A estos millones de subempleados, se le deben agregar los 2 millones 532 mexicanos que no logran generar ni una sola hora de trabajo.

Dentro de nuestra experiencia como organismo político, en el PRD sabemos que los compromisos en los que el Estado y la sociedad pactan proyectos de trascendencia nacional son mucho más que reflectores y fastuosas ceremonias. Por el contrario, una alianza política como la implícita en el Pacto por México, de la cual deriva la reforma financiera que hoy aludimos en este artículo, requiere de un enorme esfuerzo de seguimiento y de suma claridad en las exigencias.

Bajo ese principio de congruencia, ha sido Jesús Ortega Martínez, coordinador nacional de Nueva Izquierda del PRD y también integrante del Consejo Rector del Pacto por México, quien ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el 70% de los empleos en el país es producido por la micro, pequeña y mediana industria, pero que a pesar del enorme impacto positivo que generan esos tres sectores, éstos sólo tienen acceso a un cinco por ciento de los créditos bancarios. De ahí que Jesús Ortega sea enfático al señalar que dentro de la reforma financiera se deben encontrar los dispositivos legales apropiados para que se equilibren los usos de las tasas activas y pasivas de los bancos. Como líder político y a nombre del PRD, Ortega Martínez pugna por que a los usuarios se les paguen mayores intereses cuando depositen su dinero en un banco, y que dentro de esa lógica, ese mismo banco les cobre menos intereses a los usuarios cuando estos acudan por un crédito.

Para cerrar mi comentario, regreso a la idea central del presidente de la República basada en el hecho de que se deben generar más empleos y que los bancos deben prestar más y con intereses más baratos. La propuesta es ideal, de ensueño quizás. Pero aún falta establecer el cómo. El mismo Jesús Ortega sugiere –ante el ofrecimiento presidencial de más y mayores prestamos con un bajo interés–, que el gobierno de la República debe encontrar la forma de exigir a los bancos y que efectivamente ofrezcan más créditos con intereses más baratos y en caso de que estos no lo hagan, se les limite la adquisición de bonos expedidos por el gobierno. La labor de nuestro partido como se ve, no sólo consiste en recibir los aplausos y simpatía con que amplios sectores de la sociedad han recibido el Pacto por México, sino en trabajar de manera ardua en la concreción de las aspiraciones inscritas en dicho Pacto.

 

* Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD

@carlosguerrerof